En la sociedad dominicana ha generado consternación y horror la desaparición, violación y asesinato de la joven Paula Santana, que laboraba en una empresa de la zona franca Industrial Las Américas.

La joven había denunciado su situación de víctima de acoso sexual en su espacio laboral pero no se le dio la importancia requerida ni el rigor que debe tener una denuncia de acoso sexual-laboral en cualquier institución o empresa.

El acoso sexual en la República Dominicana desde distintos ámbitos está invisibilizado y normalizado.

Lo que ocurrió con la joven Santana muestra las consecuencias que tiene esta normalización para las mujeres y jóvenes víctimas.

En los espacios de trabajo, las calles, comunidades, las mujeres y jóvenes son víctimas de acoso afectándose su derecho al libre tránsito, respeto de su cuerpo, manejo de su vestimenta y apariencia con autonomía.

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El rechazo de las prácticas de acoso sexual y de los supuestos “halagos” (término que esconde violencia sexual y ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres) genera maltrato y violencia de género.

Estudios realizados con hombres agresores (Vargas/Profamilia 2019) muestran que el “piropo” es una estrategia de “conquista” y agresión sexual. Los hombres estudiados señalan que los piropos les permiten “dar el primer paso para lograr el sometimiento sexual de las mujeres”.

La presencia del acoso sexual en el ámbito laboral es bastante frecuente. A pesar de que existe la penalización de esta práctica en las instituciones y muchas de ellas tienen protocolos para la tramitación de denuncias, las mujeres tienen miedo a denunciar. El miedo está relacionado con el ejercicio de poder masculino sobre ellas y el desconocimiento del contenido violento del fenómeno y su derecho al rechazo.

El caso de Paula Santana no debe caer en el olvido ni en el letargo de los procesos judiciales. Su asesinato, como el de muchas mujeres y jóvenes en el país, se convierte en una alerta roja sobre las situaciones cotidianas de riesgo que viven las mujeres y jóvenes que se convierten en amenazas permanentes a su vida.

Se requieren acciones de impacto social con respecto al acoso sexual tanto en el ámbito laboral como callejero, vecinal, centros educativos, universidades, espacios comerciales y de diversión.

La inversión en la preservación de la vida y la dignidad de las niñas, jóvenes y mujeres debe convertirse en una prioridad de Estado y del sector privado y empresarial.

Acoso y abuso sexual son parte del imaginario patriarcal que domina culturalmente nuestra sociedad.

La intervención en la ruptura de los patrones y prácticas que sustentan este imaginario son una necesidad y una urgencia.