ANTONIO PEÑA MIRABAL
Nuevamente el país ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) ante el desorden económico propiciado por las pasadas autoridades gubernamentales. Quienes indujeron al ex-presidente Mejía a cometer tantos desaciertos económicos y que hoy pretenden trazarles pautas a las nuevas autoridades, tendrán que algún día rendirles cuentas a la nación sobre todas las barbaridades puestas en marcha y que terminaron convirtiéndose en un retroceso para el fortalecimiento y el desarrollo institucional del país. Todos los índices macroeconómicos fueron desestabilizados por las pasadas autoridades, creando un clima de desconfianza que generó una estampida de capitales y provocó un proceso inflacionario que las actuales autoridades han logrado detener en tan sólo unos meses.

Recurrir al FMI no es agradable para ningún gobierno, por los límites, restricciones y exigencias que éste impone al manejo de las finanzas públicas.

Si queremos recuperar los años perdidos del gobierno PPH-PRD; si queremos que al país retornen capitales frescos y que la inversión extranjera vuelva a considerar al país como un destino propicio para los negocios; si queremos recuperar la credibilidad ante los acreedores internacionales y ganarnos el respeto de los organismos multilaterales; y si queremos mejorar nuestra imagen internacional en el aspecto financiero, Hipólito y su PPH-PRD no nos dejaron otro camino que recurrir a lo que en una ocasión el profesor Juan Bosch llamó la “Policía económica internacional”. No podemos vivir de espaldas al mundo en una época de globalización económica, para ello necesitamos mostrar una economía sana y robusta, y ese es el proposito del Acuerdo que el país acaba de firmar con el FMI.

El compromiso firmado con el FMI implicará la puesta en ejecución de acciones que perseguirán encauzar el país por el sendero del progreso y el retorno de la prosperidad al pueblo dominicano, porque en la medida en que se logre sanear la economía, el valor adquisitivo de la moneda nacional se incrementará. El gobierno tendrá que ajustar sus cuentas de tal forma que el déficit fiscal desaparezca, la deuda pública se reduzca y se mejore la eficiencia del sector energético. Se persigue fortalecer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, para que se mejore la implementación de la política monetaria y se garantice la estabilidad de un sistema financiero que funcione. Como el gobierno pasado gastaba más de lo que recaudaba, necesitó endeudarse en forma irresponsable, produciendo un incremento escandaloso en la deuda externa e interna que hemos tenido que llamar al FMI para poder hacerle frente.

Uno de los grandes fiascos económicos del pasado gobierno, fue la quiebra de tres importantes bancos comerciales, producto tanto del manejo irresponsable de sus directivos, como de la situación de crisis que generaron las pasadas autoridades. El acuerdo con el FMI contempla una serie de medidas tendentes a evitar quiebras bancarias escandalosas. Dichas medidas llegarían hasta los propios accionistas de los bancos que puedan verse afectados y que necesiten ser re-caspitalizados. Incluso cualquier gerente o director bancario que se determine en cualquier momento no apto ni apropiado para desempeñar sus funciones, será suspendido de inmediato. A partir de la firma de este acuerdo con el FMI, los bancos comerciales tendrán que informar a las autoridades sus planes de negocios para los próximos cinco años, y los mismos serán actualizados dos veces por año, con la ayuda de asesores externos de renombre internacional.

Otro sector que ha sido tocado sensiblemente con este acuerdo lo es el energético. Se pretende atacar de frente el déficit financiero de las distribuidoras y de igual forma garantizar la estabilización del suministro de electricidad. Se busca el incremento de los cobros de la energía facturada y la disminución de la energía que se sirve y que no se factura. En síntesis se persigue hacer viable el negocio de la energía eléctrica en el país.

Como Hipólito y el PPH-PRD firmaron dos acuerdos con el FMI y fueron incumplidos ambos, la drasticidad de las medidas tiene su explicación. El país tendrá que durar dos años de estricta disciplina económica-financiera si es que queremos nuevamente alcanzar los niveles de crecimiento económico logrados en la época pre-PPH-PRD.