Por años, el país había estado viviendo de espaldas a la realidad que iba creciendo en sus dimensiones sociales de peligro para la nacionalidad, y mientras disfrutábamos de la buena vida gracias al aumento del desarrollo y de la riqueza, les dimos las espaldas al mayor problema social que siempre ha pendido sobre nuestras cabezas, cual espada de Damocles dispuesta a darnos el sablazo.

La interrelación con el pueblo haitiano iba en aumento con la necesidad local de mayor uso de una mano de obra, que era rechazada por los dominicanos, ya en otro nivel de cultura y preparación o de migración masiva hacia el exterior. Esa interrelación nos ha golpeado con fuerzas al darnos cuenta de la existencia de barriadas enteras ocupadas por haitianos, en su mayoría ilegales, que en Verón, Santiago y en la capital constituyen núcleos poblacionales, que con todos los vicios, enfermedades y debilidades de su raza, contaminan a la parte oriental de la isla, transportando ignorancias, creencias y costumbres ajenas a las tradiciones criollas.

La vida apacible de los isleños, a lo largo de la línea fronteriza, ha sido la constante a través de los años, y el intercambio es un proceso natural en que cada día cientos de haitianos cruzan la frontera para venir a trabajar a las fincas de los dominicanos, en particular en las de aguacate, banano y arroz en la línea noroeste, y al finalizar la tarde regresan a sus hogares al otro lado de frontera, manteniendo una dinámica que fue alterada en 1937 con la matanza ordenada por Trujillo, pero que prontamente fue apaciguada por la necesidad de los haitianos de comer y trabajar, cosa que en su país no era posible ya que ellos habían destruido toda la vegetación de sus montañas y llanos, dejando cultivables aquellos suelos bajo la influencia del río Artibonito y sus afluentes.

La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha espabilado y aglutinado a los dominicanos, que han tenido que ver la realidad que se nos ocultaba de un crecimiento explosivo e incontrolable de la inmigración haitiana ilegal, que es la sólida base para cimentar una minoría étnica de peligrosas consecuencias para el futuro de la república. Esa realidad estaba oculta por el estado de bienestar que el desarrollo había estimulado, incluso con el aumento de las actividades ilícitas que inundaba de dinero a muchos sectores y ocultaba el peligro social del incremento incontrolado de los ilegales haitianos.

Con la sentencia, si se logra implementarla como se establece en la misma, permitiría organizar la presencia de millares de seres humanos, que en su país occidental de la isla ni siquiera tienen identificación y llegan a la frontera, obtienen documentos falsos o se inscriben dando el primer nombre que se les ocurra, que por lo general está relacionado con el del empleador que le dio trabajo en su finca o parcela cuando cruzaron la frontera.

La reacción tan negativa que la sentencia ha provocado en todas las islas caribeñas, antiguas colonias de Francia e Inglaterra, es fruto de una tenaz campaña que la hábil y bien preparada diplomacia haitiana ha desplegado al momento de conocerse la sentencia, ser estudiada por sus expertos y sus resultados lo vemos de como ya en el seno de la OEA se conoció el caso, ignorando los derechos soberanos del país de establecer sus regulaciones migratorias para el acceso y permanencia en el suelo dominicano de los extranjeros.

La opinión mundial, influenciada por las simpatías que levantan en el mundo los “infelices” haitianos, atropellados por los racistas dominicanos, procura que las autoridades nacionales le permitan el acceso ilimitado a gente sin identificación y permanencia de los ilegales para que luego se les reconozca sus derechos a una nacionalidad que no tienen en su país de origen. Y como aquí no hay una Cancillería capaz y responsable en sus obligaciones, es probable que el país sufrirá las consecuencias de condenas y humillaciones por carecer de los funcionarios dedicados plenamente a sus deberes y no estar pensando en sus aspiraciones políticas o de los beneficios que se derivan del desempeño de sus cargos.