Hace tres semanas, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua reiteró el carácter de bien común y sustento de la vida lo que representan los recursos hídricos donados por la naturaleza. Estos recursos, por su función esencial, no deben estar sujetos a las leyes del mercado.

Pedro Arrojo Agudo se pronunció al respecto en Canadá, donde fue invitado por el gobierno de ese país para hablar sobre el agua como un derecho humano y bien común de todos los habitantes del planeta.

Para el experto, el agua no debe ser privatizada; su gestión debe ser transparente y estar a cargo de los gobiernos en colaboración con las autoridades locales y las comunidades cercanas a las fuentes fluviales, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la vida.

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Dado que nuestros congresistas están inmersos en procesos de reforma y aprobación de nuevas leyes, es pertinente que conozcan los valores y principios defendidos por la ONU. En 2010, esta organización declaró el agua como un derecho humano, y no como un bien del mercado.

Los representantes de la población, especialmente aquellos que provienen de zonas donde existen cuencas hidrográficas y presas financiadas con los recursos de todos los dominicanos, tienen el deber de proteger este bien común de los intereses privados que buscan acapararlo.

Los intentos de privatizar el agua, ya sea mediante concesiones, derechos reales administrativos o mediante otros mecanismos de enajenación han sido recurrentes en las propuestas de leyes discutidas en los últimos cuatro años. En dichas propuestas, por primera vez, el agua ha sido catalogada como un bien económico, en lugar de ser reconocida como un derecho y bien público común, tal como lo establece la Constitución de la República.

“El agua que extraemos de la naturaleza para diversos usos debe gestionarse como un bien común, compartido y accesible para todos, sin que nadie pueda apropiarse de ella. El ciclo del agua, como parte del sistema climático, debe ser considerado un patrimonio común mundial, que necesita recuperarse con estrategias adecuadas frente al cambio climático”.

Estas palabras del relator especial sobre el derecho humano al agua son un argumento poderoso para quienes defienden el agua como un bien común, no solo para los dominicanos, sino para toda la humanidad.

“Todos los necios confunden valor y precio” es una cita de Manuel Machado que el relator utiliza para recordarnos que el agua debe ser valorada como un recurso vital para la vida, más allá de cualquier precio impuesto por el mercado.

Arrojo Agudo sostiene que, para garantizar la sostenibilidad de las grandes cuencas hidrográficas, los Estados deben asumir la responsabilidad de gestionar las aguas y los ecosistemas acuáticos como dominio público. Sin embargo, al tratarse de bienes comunes, es necesario implementar una gobernanza sin fines de lucro que opere a distintos niveles: local, de cuenca, transfronterizo y global. Una gobernanza que garantice la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas, respetando los derechos y responsabilidades de las comunidades en aplicación del principio de subsidiariedad.

Es pertinente que para la buena gobernanza del agua se integre a las comunidades y se les devuelva a los gobiernos locales el poder con el que nacieron cuando se fundó la Republica en el año 1844.