SAMUEL SANTANA
Hemos visto que en las demandas recientes que se le han estado haciendo al Gobierno, un elemento incluido en la lista es la carencia de agua potable que tiene la gente en los barrios y en los pueblos.

En algunas comunidades, las personas se han lanzado a las calles ilustrando la protesta con latas, potes y galones vacíos.

La insistencia y el nivel de indignación manifestados indican claramente que dentro de la lista, la falta de agua ocupa el lugar número uno. No es para menos, sin agua no se puede vivir.

Esto ha llevado a que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) establezca un plan inmediato con la contratación de camioneros que llevan el preciado líquido gratuitamente a los barrios.

Se trata de una necesidad que aparte de afectar el clima de tranquilidad en la sociedad, también se está convirtiendo en una carga en detrimento del presupuesto de las familias que deben pagar a camioneros para llenar cisternas, y a establecimientos comerciales para obtener un líquido libre de  contaminación.

Está claro que por lo pronto las autoridades deben responder a la demanda desesperante de la gente, pero se trata de un problema cuya solución definitiva requiere de una participación bien planificada y que involucra  tanto al Gobierno como a la ciudadanía.

Todos debemos tomar conciencia de que el problema del agua es uno de dimensión muy extensa.

Tan así que en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro se llegó a la conclusión de que debía crearse el Consejo Mundial del Agua, integrada por funcionarios, científicos de organismos internacionales a los fines de  buscar alternativas a una necesidad que afecta a más de mil millones de personas en el mundo en este Siglo XXI. Los datos indican que una de cada seis personas no tiene acceso al preciado líquido.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha querido lograr que los seres humanos reflexionemos sobre esta necesidad, al declarar el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua.

En el 1996 se creó el Consejo Mundial del Agua, con los objetivos de incrementar la preocupación en la comunidad mundial sobre la preservación del líquido, crear políticas de compromiso entre los gobiernos y la población, establecer controles en su uso y en la protección del medio ambiente, para evitar el agotamiento de las fuentes acuíferas.

Lo mismo está haciendo el Tribunal Centroamericano y Latinoamericano del Agua, desde donde se han establecido sanciones contra inversionistas, gobiernos y personas que en aras de obtener beneficios han causado daños al medio ambiente.

La demanda de agua en el mundo se aprecia como una de las necesidades que podría crear inestabilidad a lo interno de los países y en las relaciones con otras naciones fronterizas. Lo que ocurre hoy entre los judíos, en México, en Egipto, en Murcia y en Bolivia, es lo mismo que tarde o temprano  podría ocurrir entre República Dominicana y Haití, donde la depredación y la explotación de los recursos naturales ha postrado a esa nación en una condición de aridez.

Las fuertes demandas por agua entre los ciudadanos en diferentes partes del mundo, ha llevado a la conclusión de que el líquido no debe ser categorizado como mercancía, sino como un derecho humano fundamental.

Ante estas realidades nos preguntamos ¿cuál es la política del Gobierno dominicano con respecto al agua? ¿Cuáles medidas se están tomando? ¿Cuál es el nivel de conciencia de los dominicanos en cuanto a este recurso? ¿Cuál es la campaña de educación en las escuelas y en los medios de comunicación?.

No se trata de una solución momentánea. El Gobierno debe irse al fondo del problema. Hay que conservar nuestras fuentes acuíferas y establecer un sistema de reforestación agresivo.

Las autoridades deben crear conciencia en el pueblo y niveles de penalización contra el abuso de las fuentes naturales. No se puede permitir que la gente se bañe en los ríos y luego los contamine lavando autos y echando toda clase de desperdicios, sin que nadie les llame la atención. Debe haber vigilancia y penas contra esta práctica.