El costo de realización de las primarias de los 22 partidos políticos reconocidos, una vez aprobada la ley que los regulará, superaría los mil millones de pesos. De esto han hablado el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán,  y delegados de los diferentes partidos ante ese organismo. No se entiende por qué debe asumir la JCE el costo de la realización de estos escrutinios internos que forman parte de los requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas para participar en las lides electorales. Lo propio sería que la Junta asuma el costo de la supervisión de las primarias y que validara sus resultados.

Se ha insistido en que la financiación de las campañas electorales de los partidos por parte del Estado representa un gasto difícil de justificar, aún cuando se alega, en defensa de este procedimiento, que se procura resguardar a los partidos de necesitar recursos de procedencia dudosa. Lo razonable sería afinar la fiscalización del origen de los ingresos de los partidos y que éstos deban apegarse con todo rigor a las reglas de juego. Los partidos son el sostén de la democracia, pero su crecimiento, desarrollo y durabilidad deben estar sujetos a parámetros que no fomenten forma alguna  de  parasitismo. Las primarias son un ejercicio interno que deben llenar los partidos y cada uno  debería asumir los  costos de ese proceso.

Honduras: el obsceno desafío

El golpe de Estado de Honduras está poniendo a prueba el sistema interamericano. El desplante de los golpistas hondureños a la gestión diplomática de  la OEA para tratar de reponer la institucionalidad, obliga a pensar en formas severas de sanción. El Presidente Leonel Fernández ha propuesto aislar Honduras del DR-CAFTA y el Gobierno de los Estados Unidos ha suprimido el visado a los ciudadanos hondureños.

El punto clave es que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia,   que este obsceno desafío del golpismo pisotee la voluntad del pueblo hondureño y el símbolo de integración regional que es la OEA. Y menos si se toma en cuenta que será el pueblo el que tocará la peor parte en caso de un hermético  aislamiento económico de ese país. Los intereses que representan los golpistas jamás coinciden con los de las clases media y baja del país centroamericano. Es obvio que hay que articular un efectivo y contundente “Plan C”.