JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Es absolutamente cierto que el fundamento de la democracia son los partidos políticos y que estos conllevan un costo operativo y por el sostenimiento de sus principales cuadros, dedicados a ellos a tiempo completo, pero en el país nos están imponiendo un sacrificio demasiado elevado.

Cuando se aprobó la reforma a la ley electoral de 1997 que instituye el financiamiento de los partidos se creó la expectativa de que la contribución de las finanzas públicas conllevaría una reducción de las del sector privado, fuente de tráfico, rentismo y corrupción.

En vez de esa reducción, es opinión generalizada que para cada campaña es mayor el financiamiento que se reclama a los empresarios o que una parte de estos ofrecen “generosamente” . Se entiende que el financiamiento público es para engordar la burocracia partidista y que las campañas hay que financiarlas con los aportes privados.

La situación se ha complicado después que se ha generalizado en nuestros partidos la realización de elecciones primarias para escoger los candidatos a los cargos electivos, pues ahora se realiza una doble campaña, la primera con muchos más aspirantes, cada uno de los cuales quiere hacer una gran promoción. Esto cobra dimensiones alarmantes, sin que se establezcan reglas limitativas.

La democracia dominicana está ampliando también sus costos en otras dimensiones. Cada cuatro años aumenta el número de los diputados y regidores a elegir, en razón de que éste depende del crecimiento poblacional. Ya se anuncia que el próximo año elegiremos 178 diputados, 28 más que en la actualidad. No sé todavía cuántos regidores más tendremos que elegir, pero a nivel nacional son casi un millar.

Esa inflación de diputados colma los espacios de las salas de sesiones que hay que remodelar continuamente, así como los de oficinas, y aumenta el volumen de recursos que se destina a sueldos y dietas, el número de exoneraciones, pasaportes oficiales y otras facilidades, algunas de las cuales abrirán las puertas para tráficos como los que escandalizan en estos días por los ámbitos de los regidores.

¿Para qué necesitamos más diputados? ¿No son bastantes los 150 actuales? Es obvio que tendremos que modificar el texto constitucional para congelar el número de esos representantes y mejor si para reducir la proporción. Incluso deberíamos tener una sola cámara legislativa, como corresponde a la democracia de un territorio tan pequeño como el dominicano.

Claro que los dirigentes políticos deberían ser los primeros en hacer conciencia del alto costo que están imponiendo a la democracia dominicana, lo que no contribuye a su fortalecimiento y sí al desprestigio de esa actividad, que según el fundador de la nación, es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes humanas.

Como no podemos esperar una autorregulación de los líderes políticos ni de los legisladores, tiene que ser la ciudadanía la que tome conciencia y desarrolle iniciativas tendentes a reducir o por lo menos a congelar el alto costo que tiene la política en el país.

Hace poco leí un artículo del prestigioso abogado y dirigente social Francisco Alvarez donde proponía que observáramos el gasto de campaña y negáramos el voto a aquellos que hacen alardes de recursos, con costosas precampañas y campañas electorales en las que invierten mucho más de lo que van a ganar en salarios durante el período constitucional.

La propuesta es válida por muchos motivos. Primero porque a menudo los recursos derrochados en campaña han sido sustraídos al Estado, o son fruto de actividades ilícitas, cuando no inversión de empresarios que alienan la independencia de los representantes aún antes de que los elijamos.

La consigna debe ser no votar por los que derrochan en campañas, porque esos ya tienen amos, no representarán a los electores y tendrán que traficar para compensar lo gastado, propio o de otros.

Algo tenemos que empezar a hacer para reducir el costo de la política dominicana que supera con mucho el alza del costo de la vida.