La certeza de que el 48 % de los homicidios que se registran en la sociedad dominicana proceden de conflictos entre individuos y no generalizadamente por una inveterada inclinación hacia delitos y crímenes, mueve a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al auspicio de políticas y de una nueva ley dirigida a mejorar la seguridad ciudadana, fomentando la convivencia y la transacción de acuerdos para el sosiego entre miembros de la comunidad situados en la inminencia de vías de hechos que continuamente cuestan vidas. Sin embargo y en lo que se predica contra la gravedad de las disparidades y se esperan sus frutos, las acciones policiales y judiciales seguirán siendo imprescindibles, hasta para fines didácticos y así frenar tendencias a las violaciones de tránsito propiciadoras de homicidios no intencionales; para combatir la emisión de ruidos perturbadores de la paz en hogares de zonas urbanas y reducir con horarios los abusos en consumos de alcohol que tanto derivan en hechos infaustos.
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Estos grados extremos de embestidas a la convivencia y de incapacidad para relacionarse con los demás respetando sus derechos, son una verdadera epidemia que debe ser contrarrestada con herramientas legales que ya existen y que probablemente surtirían mejor efecto en manos de una nueva generación de policías que viene por ahí, más activos que los actuales, mejor instruidos e integrados a tropas más numerosas, dirigidos con criterios de niveles de exigencia para que muchos de ellos no queden desviados hacia protecciones personales facilitadas por el tráfico de influencia con ejercicios de nepotísmo. Ahora existe desde niveles de poder una mística hacia la superación de ejercicios de mando que restaban eficacia a los controles del orden público, que no fomentaban la profesionalidad del cuerpo, que no exigían con minuciosidad el cumplimiento del deber ni el estricto apego a las técnicas de investigación de valor científico, con persecuciones sin atropello. La superioridad civil de la institución, en la persona de la ministra Raful, reafirma para satisfacción ciudadana, que su mayor desafío es “tratar de imponer el orden a través de la legalidad”. Se esfuerza, notablemente, por hacer coincidir los hechos con las palabras.