HECTOR MINAYA
A nadie le gusta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y si a alguien le gustara sería una muy mala señal, pues ese organismo es un “prestamista de última instancia” para los gobiernos nacionales, el refugio al que van en busca de dinero cuando tienen problemas.

Y se supone que los prestamistas de última instancia practican un amor doloroso, es decir, darle lo que usted necesita en vez de lo que quiere y en el proceso obligarlo a poner la casa en orden.

Un FMI cálido y abrazador no estaría cumpliendo con su deber, como fue concebido y como son sus políticas, mayormente trazadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

Cuando el FMI se le solicitó que entrara en el país, rápidamente recomendó una reforma estructural, esto es, cambios que fueron más allá de la política monetaria y fiscal, como una nueva normativa bancaria, implementándose de inmediato, en el Gobierno anterior.

Asimismo, exigió que se practicara la austeridad, que elevaran los impuestos y redujeran el gasto con el fin de evitar un déficit en el presupuesto. Si para conjurar el déficit en el Presupuesto Nacional el Gobierno asume al pie de la letra la receta recomendada por el FMI, los efectos pudieran tener un doble efecto negativo: causar una recesión reduciendo la demanda y también alimentar, gratuitamente, una sensación de que las cosas están fuera de control y por lo tanto, alimentar el pánico del mercado.

Pienso que el Gobierno debe mostrar su seriedad infligiéndose dolor a sí mismo, ya fuera que ese dolor tuviera o no alguna relevancia directa con los problemas inmediatos, pues sólo de esa manera podría ganarse la confianza.

Obrar en sentido contrario podría resultar una solución bastante equivocada, por lo que las directrices en torno a resolver el déficit presupuestal deberían ser bien ponderadas por el presidente Leonel Fernández, recomendación que ya hizo su compañero Danilo Medina.

Superar el déficit no debiera ser en un proceso de un período de un año, sino un plan de reducción de por lo menos tres años, que incluya medidas de ahorro para evitar que pueda ocurrir en el futuro.

Entre estas medidas, lo prioritario sería, mediante ley, atar el crecimiento del gasto público al crecimiento de la economía, evitando un aumentado desmedido e insostenible en gastos, que no guarde relación con el crecimiento económico del país.

Prohibir mediante ley las transferencias de fondos de una institución a otra, para obligar a controlar los gastos. Se crearía por ley un fondo en que se depositarían los ingresos en exceso para los gastos permitidos.

Ampliar la contratación de servicios, principalmente de obras públicas, ya que puede resultar más eficaz en la resolución de problemas específicos, porque se rinden los servicios con mayor eficiencia, sin la creación de nuevas burocracias.

Para un mayor control, mediante ley, se requerirían certificaciones de todos los secretarios de Estado, directores generales o administradores de instituciones públicas y descentralizadas, 90 días después del cierre del año fiscal, certificando que los informes contables de las instrumentalidades registran toda obligación incurrida, ingreso propio, erogación de fondos públicos, sobrantes y/o déficit fiscal.

El Gobierno central realizaría el pareo de fondos con los gobiernos municipales lo que maximiza los fondos públicos, ya que se comparten los gastos entre distintos niveles de gobierno y se delega en la estructura municipal el cumplimiento con las estipulaciones del programa.

Incentivar, mediante ley, a los a patronos del sector privado que contraten a empleados públicos.

Consolidar las instituciones, según se identifique la viabilidad y eficiencia de tales medidas, para reducir la redundancia e ineficiencia de múltiples órganos administrativos, ejecutando funciones similares. Proponer una legislación para consolidarlas en unidades administrativas compactas y eficientes.

Cuando se logre eliminar el déficit estructural del Gobierno, mediante ley, se prohibirá el uso de la deuda pública para cubrir déficit operacional.

Si implementáramos algunas de estas medidas se podría avanzar y evitar realizar otra reforma o rectificación fiscal.