Termina el año, el covid-19 se resiste a morir y se transforma como diversas variantes, pero pierde fuelle y como en todas partes, poco a poco comenzamos a acostumbrarnos a vivir con este flagelo, lo cual se expresa en una relativa normalización de la vida social, económica y política después de casi dos años de generalizada inmovilidad de esas tres esferas claves. Durante el discurrir del presente año, se mantiene el proceso de mejoría sustantiva en cuanto al adecentamiento de los procesos de compra y contrataciones en determinadas instancias claves del Gobierno y de instituciones descentralizadas

Según proyecciones de organismos internaciones, el país terminaría el año con un crecimiento económico de algo más de un 5%, sigue la recuperación del empleo, a pesar del peso del informal, y del sector turismo, pero la inflación no da tregua, situándose alrededor de un 8%, sin que se vislumbre un freno debido a los efectos de la guerra Rusia/Ucrania sobre la economía mundial.

El área que más legitimidad le ha dado al gobierno ha sido el Ministerio Público, pero sus limitados recursos, sin soslayar las presiones que este recibe, limitan el conocimiento de varios casos de corrupción y la instrumentalización de expedientes para proceder con otros. Eso determina una cierta preocupación sobre el futuro del proceso de lucha contra la corrupción de esa dependencia estatal. El año político termina, y se acercan las próximas fechas electorales sin que se haya producido un acuerdo sobre la Ley de Partidos y la de Régimen Electoral, al tiempo que se acentúan las expulsiones de migrantes haitianos sin el debido proceso y protocolo.

Puede leer: Izquierda y nacionalismos

Por otro lado, por presión de dirigentes religiosos el gobierno les hace la absurda concesión de derogar la Orden Departamental 33- 2019, mediante la cual se estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Así, la ultraderecha conservadora impone su agenda en su campaña contra lo que llama la “agenda de la conjura internacional contra el orden natural”. Un retroceso en materia de reconocimiento de derechos.

También hay retrocesos relativos a la libertad de pensamiento que, no son atribuibles directamente al gobierno, pero que apuntalan tendencias conservadoras enquistadas en esta administración y en importantes esferas de esta sociedad. Es la intolerancia de algunos intelectuales convertimos en cortesanos de los grupos económico/eclesiales que se oponen, a nuevas perspectivas y herramientas del conocimiento científico para interpretan y reinterpretan determinados hechos y momentos claves de nuestra historia.

Un retroceso del que deben tomar notas no solo la clase política de todos signos, sino también la sociedad civil, la academia y de la comunidad intelectual.