El apremiante objetivo de sanear el gasto público. Dejando a la libre discreción el uso de mascarillas y vacunas anti covid, el Gobierno queda menos comprometido a mitigar efectos sociales de una pandemia en retroceso dando más libertad para actividades privadas que generan dinero produciendo, comercializando y brindando entretenciones y horarios para noches de juergas.

Además, se dice comprometido a reducir el gasto público, maratónicamente crecido, admitiendo que se le fue la mano engrosando nóminas sin agregar funciones al Estado.

Los informes presupuestarios dan cuenta de una barrida inicial de personal supernumerario del anterior régimen pero seguida de nombramientos que superaron los que había.

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En enero pasado las obligaciones presupuestales corrientes representaron el 96.16% del total con un crecimiento de 8.7% y apenas un 3.8% se dirigió a inversiones públicas.

La nueva gestión complace a legiones de activistas que le facturan el triunfo electoral, reproduciendo el vicio político de no tomar en cuenta para designar las reales necesidades de servidores para el Estado ni la calidad técnica o profesional de los nuevos remunerados.

Si el Gobierno quiere racionalizar su uso del dinero público y de boyantes entidades descentralizadas, que se aparte de nombrar con favoritismos más de una persona a cada familia perfumada por su pasado con sueldos altos y de expedir mega-pensiones más allá de sus esenciales obligaciones con la sociedad y que parecen premios mensuales de lotería.