WASHINGTON, (AFP) – Las medidas automáticas de austeridad acaban de entrar en vigor en Estados Unidos, y Washington ya dirige su atención hacia el próximo plazo de la pelea presupuestaria entre republicanos y demócratas: el financiamiento del gobierno federal después del 27 de marzo.

Demócratas y republicanos salieron el viernes de una reunión en la Casa Blanca constatando la amplitud de sus divergencias: rechazo de más impuestos por parte de los conservadores, exigencia de más ingresos fiscales por parte de Obama, y cada partido atribuyendo al otro la responsabilidad del bloqueo.

Resultado concreto: los recortes automáticos de los gastos del Estado federal, 85.000 millones de dólares en los próximos siete meses, entraron en vigor, lo que amenaza el empleo y el crecimiento de la primera economía del mundo, según Obama.

El presidente intentó, sin embargo, dar garantías de que haber llegado al 1 de marzo sin un acuerdo, por las discrepancias entre el Ejecutivo demócrata y los republicanos del Congreso, no provocará un «apocalipsis», aunque «esto tendrá un impacto sobre la gente».

Como el Estado deberá vérselas con esos recortes, en un efecto ‘bola de nieve’ que aumentará paulatinamente la presión sobre los legisladores, otro plazo emerge ya, augurando un mes de marzo particularmente agitado en Washington.

Después del 27, en efecto, el gobierno federal dejará pura y simplemente de estar financiado, y cierres de servicios públicos están a la vista, salvo que el Congreso apruebe -y Obama promulgue- una ley presupuestal que abarque los últimos seis meses del ejercicio 2013, hasta fines de septiembre.

Amenaza de cierre de organismos públicos.  Ya en 2011, algunos meses después de que los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes, se estuvo a pocas horas, como en 1995 y 1996 durante precedentes enfrentamientos, de que se debieran cerrar servicios «no esenciales». Tanto Obama como el presidente republicano de la Cámara baja, John Boehner, parecían querer encontrar la calma el viernes.

Boehner dijo que su grupo presentaría la semana que viene un proyecto de ley de financiamiento, que también deberá pasar por el Senado, controlado por los demócratas. Por su parte, Obama no se comprometió formalmente a promulgarla, pero dio a entender que lo haría si el texto respetaba «los compromisos precedentes», es decir las grandes líneas de la evolución de las cuentas públicas sobre las que ambos partidos se pusieron de acuerdo en el verano boreal de 2011.

Sin embargo, el debate sobre la reducción de los déficits no se acabará, y «serán necesarios más que algunos días o semanas para que los republicanos flexibilicen su posición sobre los impuestos», opina Thomas Mann, autor de un libro reciente sobre el bloqueo del Poder Legislativo y experto de la Brookings Institution, a pesar de que sostiene que es poco probable que la «administración se vea obligada a bajar la cortina».

La esperanza a término de los republicanos, estima por su parte Richard Kogan, especialista en asuntos presupuestales y miembro del grupo «Center on Budget and Policy Priorities», es que «la opinión pública atribuya los problemas de funcionamiento del Estado a Obama por haber rechazado un compromiso».

Según él, antes del 27 de marzo (ambos partidos) van a dedicarse en un 90% a atribuirse mutuamente las fallas. Y el asunto será, cuando se acerque el 27, si después de haberse atacado, están dispuestos a un «compromiso».