Un asesor no tiene mayor responsabilidad, en principio, que la que mandan sus conocimientos técnicos. Si acaso alguna responsabilidad más, esta se circunscribe al sentido común por un lado, y a la ética, muy especialmente, por otro. Así, conocimiento, ética y prudencia son los tres elementos por los que un asesor debe evaluarse.

Responsabilidades penales y civiles pueden aplicar, no sin dificultad especialmente en países sin instituciones, cuando se tienen conflicto de intereses, cuando se manipula o falsea información o cuando se hace trasiego de influencias. No siempre es fácil probar, sin caer en grandes injusticias, la responsabilidad legal de un asesor. El asesor legal o económico, a diferencia del médico no suele enfrentar procesos de mala práctica.

En el caso de responsabilidad política, esa casi nunca puede ser atribuida al asesor. El que decide, en la empresa o en una cartera pública o en el mismo gobierno, es el que asume y así debe ser todo el costo político. En el rol tradicional, el buen asesor económico plantea escenarios políticos y evita hacer juicios de valor sobre el mismo. Desde que los asesores, Domingo Cavallo por ejemplo, descubrieron que además de honorarios se podía tener poder político, ese rol tradicional o típico se rompió. Ahora, el asesor moderno cobra mucho más que honorarios aunque sigue arriesgando tanto como antes, cerca de nada.

En algunos casos esa dualidad en el rol llega a extremos casi ridículos. El asesor moderno pretende tener posiciones públicas y argumentar una objetividad mayor que la que asumen, por ejemplo, los políticos. Lo ridículo, lo asombroso, es que sus argumentos pueden ser tanto más descabellados como ambicioso es el objetivo del asesor. Domingo Cavallo es paradigmático. )Cuál fue su responsabilidad en la crisis argentina? Se pregunta el curioso.

La respuesta que muchos aventuran es que la responsabilidad pública de Cavallo es directamente proporcional a la arrogancia intelectual mostrada, a la fuerza de sus afirmaciones, al cinismo y a los altos dividendos (legítimos o no) que se derivan del ejercicio de sus asesorías. Cavallo hay que decirlo, tenía un gran valor: asumía el costo político al aceptar ministerios.

Domingo Cavallo, a diferencia de otros en casos similares, no era sólo un asesor. Es por eso que el intento de sometimiento al economista argentino más que cobrar legalmente eso era imposible las consecuencias desastrosas de sus asesorías en el nivel de vida de los argentinos buscaba perseguir el mal uso de las atribuciones como funcionario para beneficio propio, es decir por prevaricación y enriquecimiento ilícito. No nos debe ganar la ingenuidad, en el fondo la condena que se buscaba para Domingo Cavallo era mucho más que una condena en los tribunales. La sociedad argentina quería cobrarle su economismo ciego a consecuencias sociales y paradójicamente ciego a las consecuencias económicas para el común de los argentinos. )Es eso justo?

Amigo lector, esta es la verdadera crisis, la política. La crisis de una clase política que cambio el arte de gobernar por el economicismo perverso, sin compromisos de desarrollo, sin sentido común y sin ética. Si un asesor moderno convence al tomador de decisiones al político de hacer o no de no hacer y encima presta enjundiosamente sus conocimientos para encantar la serpiente de la opinión pública prometiendo lo inalcanzable )No es justo que haya una condena también para el asesor?