El auge de la violencia

El auge de la violencia

JOTTIN CURY HIJO
Uno de los flagelos más peligrosos de las sociedades modernas, del cual nuestro país no es ya una excepción, es el incremento progresivo de la delincuencia. No transcurre día sin que los medios de comunicación resalten con tinta roja, divulgando alguna tragedia producto de la violencia que prevalece en esta época. Desde hace tiempo los Estados Unidos están repatriando dominicanos que después de haber cumplido condena por infringir la ley, son deportados discretamente.

Hace algún tiempo se publicó en la prensa una información que detallaba cómo nuestras autoridades y organismos de seguridad vigilan numerosos repatriados por la justicia norteamericana.

De seguir las cosas como van, los organismos de seguridad no darán abasto para observar los pasos de un elevado número de compatriotas que son deportados de tierras extrañas.

A medida que pasa el tiempo se profundizan las desigualdades sociales como consecuencia de la ausencia de oportunidades, la mala distribución de la riqueza y el progresivo crecimiento demográfico. Los países industrializados, que ya no soportan más inmigrantes en sus territorios, introducen nuevas restricciones en sus políticas migratorias para desestimular el flujo de personas que buscan mejor destino lejos de su lar nativo. Y entre las medidas que están adoptando figura la repatriación de los extranjeros que son condenados por crímenes o delitos. Claro, una vez que hayan cumplido condena en el territorio que generosamente los acogió.

¿Qué hacer ante una situación tan difícil? ¿Es suficiente vigilar, registrar y contactar cada cierto tiempo a los repatriados como consecuencia de haber incurrido en hechos delictivos? A pesar de que son saludables y necesarias las medidas que se están tomando, creo que debemos empezar a legislar en tal sentido. ¿Cómo? Despojando al reincidente que comete un crimen o delito en el extranjero y luego vuelve a incurrir en los mismos hechos en territorio dominicano de toda circunstancia atenuante, aplicándole automáticamente la pena máxima prevista para el caso de la especie.

En semejante situación le bastaría al juez apoderado del caso constatar la inocencia o culpabilidad, aplicando en este último caso la pena máxima al prevenido o acusado que incurra en los mismos hechos motivaron su deportación. Endureciendo y aplicando la ley, radicalizando la lucha contra el crimen y apoyando sin reservas a las autoridades, es la única vía que tenemos para preservar la paz y el orden social.

Para decirlo en pocas palabras, la permanente repatriación de dominicanos, que son devueltos después de haber cumplido condena en cárceles extranjeras, se refleja entre nosotros como un alud indetenible que amenaza la paz social. La inseguridad que experimenta nuestra sociedad es tan acentuada, que en días pasados veía en un programa de televisión a unos extranjeros especializados en prevenir robos y atracos, ofrecer algunas estrategias para enfrentar esta clase de eventualidades. Incluso promocionaban cursos de entrenamiento personalizado a un costo que oscilaba entre cien y doscientos dólares por persona.

Hay quienes pretenden justificar lo que está ocurriendo entre nosotros con la espiral de violencia que padece desde hace años la vecina isla de Puerto Rico. Sin embargo, el caso de Puerto Rico no es el nuestro. Se sabe que el enorme poder económico de los Estados Unidos se vuelca generoso en nuestros vecinos. Nosotros no tenemos esa ayuda, y en consecuencia estamos obligados a superarnos mediante un esfuerzo de reparación moral y de trabajo constante. Tenemos que educar a los más necesitados, único modo de evitar el colapso definitivo. Para esa tarea debemos tener en cuenta que el ejemplo nuestro, es decir, de los más favorecidos es imprescindible.

No ganamos nada con declaraciones ampulosas que se refieren a la pobreza si carecemos del desprendimiento de quitarnos algo para dárselo a los menesterosos. Me refiero no solamente a alimentación y ropa, sino a trabajo y educación, factores determinantes de los cambios sociales que deben operarse en todos los pueblos subdesarrollados.

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