De haberse ratificado aquel proyecto de Ley de Aduanas que aprobó el Senado en el año 2015, ya hubiéramos presenciado la destrucción institucional de la DGA; una explosión de los delitos aduaneros, especialmente del contrabando y la subvaluación; el destrozo total de las recaudaciones; una explosión de la informalidad; la destrucción de los avances logrados desde el 1992 y, en resumen, una nefasta contrarreforma del servicio aduanero dominicano.
El 5 de mayo de 2015 publiqué un amplio artículo en este medio titulado “Aprobación de Ley de Aduanas, un grave error del senado”, en el que advertí sobre aquellos potenciales peligros. En respuesta, el senador Charlie Mariotti rubricó una ardorosa defensa del proyecto, pero los diputados ni siquiera lo debatieron y allí murió, para fortuna del país.

A finales del 2016, el senador Rafael Calderón introdujo el mismo proyecto y transcurrieron casi cuatro años para que el Senado volviera a producir una nueva versión, tras haberle hecho cientos de ajustes, muchos de los cuales fueron promovidos por los mismos personajes utilitarios que defendieron a capa y espada el adefesio del 2015. El tiempo nos dio la razón. Pero el nuevo proyecto, un poco mejor que el anterior, sigue siendo peor que la ley actual y derivará en un retroceso y resquebrajamiento de la aduana.

Está demostrado que los problemas de la aduana dominicana, cuando los ha habido, han sido de gestión, de gerencia, y no por falta de una nueva ley. Por el contrario, cuando han sucedido administraciones fallidas, corruptas, y se han cebado sobre la aduana la subvaluación, el contrabando y demás ilícitos, la ley 3489-53 ha sido el gran soporte para guiar tanto la recuperación del orden institucional como los montos escamoteados.

Hay quienes han pretendido vender la falsa idea de que cualquier cosa sería mejor que la ley actual y eso explica, en parte, el error cometido en 2015. El escenario ha sido aprovechado por santos y diablos. Los mejores, bajo el ingenuo objetivo de compilar en un solo tomo la dispersión existente; los peores, para deshacerse del riguroso esquema actual de sanciones y crear un escenario de “facilitación” y del “debido proceso” a gusto.

Erróneamente, algunos creen que la calidad radica en la cantidad, en repetir cosas, y eso es lo que explican los casi 400 artículos que contiene el abultado proyecto. Se repite otro desafortunado error con la inclusión de temas relacionados con la importación de azúcar que representaría una violación a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al DRCAFTA y al EPA.
Antes, en la versión del 2015, ciertos intereses quisieron incluir una exención arancelaria para las importaciones de hasta 200 dólares, bajo la falsa premisa de dar cumplimiento a un inexistente compromiso del DR-Cafta.

Por cierto, algunos estamos convencidos de que la Rectificación Técnica de la OMC no está en vigencia y que, por tanto, no existen las restricciones a las importaciones de azúcar y restantes 7 productos incluidos en dicho mecanismo. Es un tema interesante que abordaremos luego.

Hemos propugnado por la construcción de una nueva aduana y nos hemos empeñado, arriesgado incluso, en impedir los retrocesos. Consolidar una gestión integral simplificada, segura, ágil, competitiva, que promueva la transparencia, la equidad y el cumplimiento, el equilibrio entre facilitación y control sobre la base de gestionar los riesgos y privilegiar la formalidad, del despacho aduanero aprovechando los avances que se han logrado en los últimos 28 años. Está demostrado que se recauda más y mejor reduciendo los tiempos.

La aduana merece dar un salto cualitativo y cuantitativo a favor de exportadores, de la industria y del comercio en general. El nuevo esquema de despacho debe partir desde la recepción o colocación de una orden de compra por parte de un exportador o un importador y bajo el concepto de un solo paso.
La declaración, los manifiestos de carga, los conocimientos de embarques o guías aéreas, los bancos de datos referenciales son las bases suficientes para ejercer la labor de control y fiscalización del comercio transfronterizo; para garantizar una lucha eficiente en contra de los ilícitos y la entrega rápida de las mercancías a los actores confiables.
Expusimos aquella idea unos años atrás en el foro de la Organización Mundial de Aduanas con gran aceptación. En el año 2015, cuando buscábamos ubicar a la aduana dominicana entre los primeros 10 lugares del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, tras haber alcanzado la histórica posición 24, entre 189 países evaluados, propuse que el despacho se hiciera con solo dos documentos digitales y reducirlo a solo uno al año siguiente. Faltó tiempo y no una nueva ley; pues se trata de voluntad, determinación y visión, como demuestran los hechos.

Es necesario volver a orientar los esfuerzos en esa dirección que dio como resultado, también, la firma en diciembre del año 2015 de acuerdos de reconocimiento mutuo del Programa del Operador Económico Autorizado con la aduana de los Estados Unidos y la de Korea del Sur.

Una nueva ley tiene que ser construida con sumo cuidado y sabiduría. Se debe propiciar la ética, la honestidad, la capacidad operativa y el soporte técnico, como garantías de éxito. Pero el nuevo proyecto no augura un escenario mejor que el que advertimos en el 2015. Hay que comprender que la evolución tecnológica y el conocimiento alcanzado por la humanidad desde los años 50 a la fecha deben favorecer la eficiencia. Luce ilógico que la aduana dominicana involucione desde menos de 210 artículos hacia un código con 394, más sabrá Dios qué cantidad de reglamentos, normas y resoluciones.