Se trata de un préstamo de US$327,7 millones para enfrentar la pandemia de covid-19

El Banco Central de Bolivia anunció la devolución de un crédito millonario acordado después de la intempestiva salida de la presidencia de Evo Morales y su reemplazo por Áñez, el primer préstamo concedido al país en años.

También anunció que emprenderá las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan «en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el BCB, el préstamo de US$327,7 millones para enfrentar la pandemia de covid-19 fue «gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020».
Según un comunicado de la institución financiera, «este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano».

De hecho, a febrero de este año los costos adicionales ya sumaban US$24,3 millones, US$19,6 millones por variación cambiaria y US$4,7 millones en comisiones e intereses.

Así que para hacer efectiva la devolución del préstamo el BCB se vio obligado a desembolsar US$351,5 millones al FMI.
La institución, que dijo actuar en defensa de la soberanía económica de Bolivia y el respeto a la Constitución Política del país, aseguró además en el comunicado que el crédito conllevaba condiciones inaceptables.

«El denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI», se lee en el mismo.

Y según las actuales autoridades del Banco Central, esto iría contra lo establecido en los artículos 158 y 322 de la Constitución boliviana «y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país».
La posición del Banco Central de Bolivia no es compartida por el antiguo director de ese banco, José Gabriel Espinoza, quien aseguró que la operación no planteó jamás ninguna condicionante a la política fiscal o monetaria del país.

Espinoza también dijo que la liquidación adelantada de la operación, que estaba pactada a cinco años, era lo que había causado la pérdida cambiaria señalada por su predecesor, al tiempo que lamentó la falta de un plan económico serio para enfrentar la crisis.
«La gestión económica que adopta el Gobierno es el mandar mensajes de persecución, con el objetivo de tapar su falta de una política económica real frente a la crisis», aseguró.

Según una nota de prensa del FMI de abril del año pasado, el objetivo del crédito era ayudar a Bolivia «a satisfacer las necesidades de balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia de covid-19, y apoyar los gastos médicos y las medidas de socorro que se requieren con urgencia para proteger el bienestar de la población».