El repudio nacional que produjo el anuncio de que se le va a solicitar al Gobierno la sumade unos 1,400 millones de pesos para financiar las primarias abiertas de cinco partidos demostró que la docilidad o la indolencia del ciudadano es cosa del pasado. Ya el pueblo reclama sus derechos fruto de las manifestaciones como las de la Marcha Verde. Estas impactaron en el sentir de la gente que decidió sacudirse de la indolencia ancestral que deja a los políticos y autoridades hacer los que les venga en ganas con los recursos públicos.
Hay un empoderamiento visible de la ciudadanía. Y hasta importantes funcionarios públicos mostraron su oposición a ese extemporáneo y persistente pedido de la Junta Central Electoral de que se le diera más dinero a los partidos que van con sus primarias abiertas. Era un dinero adicional a sus asignaciones regulares extraídas del presupuesto. Es un intento serio en una responsable acción cívica para ver si por fin se le pone un freno a los grupos que desean tener al Estado como el banco de picar carne que tantos beneficios le ha dado a diversos sectores que desde 1962 se entronizaron en el país para esquilmar los fondos públicos.
Tan lejos como 1962, y el país haberse sacudido de su dictadura de 31 años, se inició el juego de las demandas populares y de los gobiernos débiles complacer a los furiosos nuevos sindicalistas como el de los choferes. Ellos fueron las escuelas para los demás y lograr que las autoridades se doblegaran a sus exigencias. Todavía se pliegan a sus demandas con el caos que llevan a las calles y más ahora con un denso tránsito inmanejable para las autoridades. Esos dirigentes al enriquecerse se creyeron presidenciales. Y varios de ellos han soñado a lo largo de los años de la democracia criolla en ser presidente y fracasando estrepitosamente.
Y después de los choferes, que se conocieron como los dueños del país por parte de ese legendario periodista Radhamés Gómez Pepín, se fueron añadiendo a la lista de protestantes y exigentes de los recursos públicos los más variados grupos y sindicatos en donde se incluyen los “padres de familias” en especial aquellos asentados en terrenos del Estado, o a orillas de los ríos o de carreteras. Estos con mayor confianza por el tiempo de ocupación ilegal comienzan a exigir el servicio de agua, luz y mejoras de los callejones como si fueran calles. Los asentamientos prohibidos a orillas del Ozama y del Isabela son de antología. Esto es usual aquí y solo hay que ver el tambaleo del programa de desayuno escolar por las dilaciones en hacer efectivas las cuentas que tiene el Inabie con los suplidores. El desayuno escolar con la falta de pago a tiempo, pese a que dicen lo contrario, lo tienen al borde del fracaso.
Es toda una gama de demandantes con el banco de picar carne del Estado y en donde se añade, como culminación del proceso de dilapidar los recursos públicos, a los políticos. Ellos en este siglo XXI han visto crecer su poder e influencias. Han roto todos los límites de la cordura en el manejo de los recursos públicos. Ellos parten del principio que reciben dinero impunemente del Estado para mantener la democracia y la tranquilidad social en todas sus comunidades.
Y ahora en base a cofrecitos y barrilitos, los legisladores, pese a recibir comisiones de los suplidores del Estado o de contratistas, extienden sus influencias y sus cargos para que se les tome en cuenta para cualquier aventura de modificar la Constitución. Lo de menos es aprobar determinados contratos o proyectos de leyes que van destinados a determinados objetivos de favorecer a algún sector.
El banco de picar carne continúa siendo el Estado. Y esto desde los tiempos en que la democracia se instauró con sus deficiencias y ausencias en el país a partir de 1962. El desguace que se produjo, en el poderoso sector industrial que era propiedad de Trujillo, sus familiares y allegados más íntimos, fue algo que cayó en la fosa de lo irrecuperable. Al patrimonio desvanecerse ya que muchas empresas pasaron a manos privadas y sobrevivieron, hoy son unidades prósperas de producción en donde su origen trujillista es ya parte de la historia íntima que no se cuenta. Y es que millones de pesos se diluyeron de las empresas que hasta 1961 eran productivas. Inexplicablemente, de la noche a la mañana en 1962, las empresas que no fueron a parar a manos privadas quebraron o fueron cerradas y sus maquinarias e instalaciones se canibalizaron. Y los políticos del siglo XXI asaltaron al Erario surgiendo decenas de fortunas que repartidas por el país no pueden justificarse.