JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
La poca simpatía a la orientación filosófico doctrinal de un profesor famoso no es argumento suficiente para rechazar su parecer en toda la línea. Tuve la ocasión durante mis estudios de Economía de oír clases de Friederick Hayek laureado con el Nobel. Hayek y su escuela austriaca estaba en las antípodas de las preferencias manifiestamente keynesianas de la Facultad. Honestamente no me agradó su mensaje profético del Estado mínimo. El como Milton Friedman era no sólo economista sino profeta. Con el tiempo aprendí que su intuición básica era respetable aunque exagerada en sus aplicaciones.

Hayek estaba convencido del pernicioso efecto de las políticas económicas anticíclicas por la sencilla razón de que por eso mismo, por querer contrariar tendencias manifiestas, cambian las expectativas de consumidores e inversionistas de modo no sostenible. Diríamos la medicina contra el mal lo hace reaparecer de modo distinto. Es verdad que en la teoría de las expectativas racionales el público, enseñado por la experiencia, descubre con frecuencia las trampas de las políticas anticíclicas y prescinde de ellas en su comportamiento pero la vida va por otro camino como veremos en el tema que nos preocupa. Examinemos primero lo que ha pasado.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS DEVALUATORIAS

No hace falta tener una memoria fenomenal para recordar que todavía en el primer cuatrimestre del 2004 el dólar se hacía semanalmente más caro y que las expectativas ampliamente existentes eran las de una caída en espiral y sin freno del peso dominicano. De hecho muchas personas obtenían préstamos en pesos para cambiarlos en dólares, venderlos y realizar nuevamente el periplo especulativo. Muchos comerciantes, sobre todo en bienes importados de consumo no diario -los ferreteros, vendedores de computadoras, farmacéuticos- convirtieron su capital en bienes que creían venderían a sobreprecio al ritmo de la devaluación. Sus expectativas se formaron partiendo de los sucedido en los últimos meses sin creer que el remedio antidevaluatorio, la restricción del circulante estaba en poder del Banco Central.

No creo que alguien discuta que la devaluación justificó presiones salariales y aumentos de costos empresariales estratégicos como el de la energía y que los exportadores favorecidos relativamente a los de otros países tuvieran recursos para financiarlos y para lograr apreciables ganancias adicionales. La devaluación permitió ese milagro sin necesidad de aumentar la productividad del proceso de producción ni buscar bienes diversos. El famoso resto del mundo, todos los otros países cuya moneda no se devaluó, experimentaron la desagradable sorpresa de que la rentabilidad de sus dólares era menor que la obtenible en la República Dominicana lo que de hecho favorecía a esta última como destino de la potencial inversión extranjera sustancialmente menor en el mundo después del triste 11 de septiembre neoyorkino y de la ligera recesión norteamericana.

Resumiendo: subieron los salarios nominales de los empleados en sectores exportadores, subió el costo de la energía, subió la ganancia real de los inversionistas del sector y aumentó la ventaja relativa del país en este mundo de inversión globalizada.

Estos efectos acaecían solamente por el descontrol monetario que durante año y medio vivió el país como consecuencia en buena parte de la quiebra de bancos comerciales resuelta a base de la satisfacción nominal del déficit cuasi-fiscal por el Banco Central que entró a pichear como emergente en el noveno inning con las bases llenas y sin out.

Los economistas sabemos que las ganancias por devaluación no reflejan los costos reales pero pueden ser eliminadas de un golpe por variación de las políticas monetarias que las causaron. Ya desde mayo del 2004 se detuvo la espiral devaluatoria y se percibía el peso de una política que redimía certificados de deuda cuasi-pública a un ritmo menor que el de que los. creaba. Había terminado el festín devaluatorio. De aquí en adelante los exportadores tendrían que defender su bonanza pasajera («good will gains») aumentando su productividad e imponiendo mayor resistencia al aumento de sus costos.

La situación era particularmente difícil porque China había saltado las vallas protectoras del mercado norteamericano y precisamente por su expansión manufacturera y su efecto sobre el ingreso de sus habitantes contribuía con la India a un aumento marginal de la demanda de petróleo por encima de su oferta limitada desde hacia lustros por nacionalizaciones de la producción y esfuerzos por limitar los precios y las ganancias de empresas distribuidoras internacionales oligopólicas.

Además de este escenario externo es necesario comprender la situación en que se encontraban Gobierno y Banco Central. El país clamaba no sólo por detener la devaluación sino por revaluar el peso y evitar así la inflación desatada y mejorar en términos reales el ingreso. Exigía también un aumento sustancial de los salarios.

El Gobierno, digamos Finanzas, cedió a la exigencia más que justa de la población: había que subir los salarios aun en el sector público, y de la cúpula del partido: e´ pa dentro que van. Aquí interviene el Banco Central.

EL BANCO

El Banco- llamo así a la Junta Monetaria, al Gobernador y a sus asesores- era perfectamente conciente de que tenía que ejecutar una política monetaria recesiva para contener la devaluación y la inflación y que tenía que llegar a un acuerdo con el Fondo para poder superar una crisis deudora forzada por el pago inminente de bonos soberanos y atrasos a deudas que en virtud de negociaciones con el Fondo iban venciendo sin ser honradas.

La «comunidad» financiera internacional exigía un saneamiento a fondo del sistema bancario y fiscal aunque reconocía que el mal manejo de la banca comercial y los precios del petróleo eran también causas importantes de la crisis financiera.

El menú disponible, exceptuando una reforma institucional a fondo de los bancos comerciales que posiblemente desbordaba su competencia jurídica y sobre todo su margen de tolerancia, se reducía en la práctica a aumentar la oferta de sus certificados de deuda y alargar sus plazos de vencimiento brindando intereses altos con mínimo riesgo de incumplimiento ya que el Banco podía producir dinero nacional. De esta manera se restringía la circulación monetaria sacando el combustible que atizaba la inflación y la devaluación.

No tengo duda que las autoridades del Banco saben mejor que yo que así se establecía una política que, si superaba ciertos límites, era autodestructiva del sistema financiero: bancos y depositantes dejan de usar la mediación financiera que une ahorrantes con inversores a través de la banca para convertirse en compradoras de certificados del Banco Central que simplemente condena potenciales recursos productivos a su esterilización pasajera o quizás mejor a la producción de expectativas de predictabilidad cambiaria a costa de un ayuno monetario incompatible con nuevas inversiones.

En pura teoría el Banco Central tenía que reducir mínimamente la circulación monetaria y permitir una moderada revaluación de alrededor de 40 pesos por dólar. Pasar de ahí hasta bajar a 29 pesos sumerge la economía en un letargo coyuntural y quizás hasta en una recesión inducida por la debilitación de los sectores de exportación: zonas francas y turismo.

¿Por qué el Banco Central ha llegado a estos extremos provocadores de un desempleo masivo en zonas francas, 11,000 de casi 60,000 empleos en Santiago y de dificultades adicionales al sector turístico?

Dejando de lado por implausible la hipótesis de incompetencia de las autoridades bancentralianas veo otras dos posibles explicaciones que no se excluyen mutuamente: las ventajas fiscales para el Gobierno de tener que emplear menos recursos fiscales para pagar una deuda negociada con un presupuesto aprobado sobre la estimación para el año 2005 de un tipo de cambio de RD$ 35, lo que le permite un excedente presupuestario apreciable en años previos a las elecciones congresionales ahora más importantes políticamente que nunca, o la necesidad de ofrecer a los bancos comerciales una liquidez rentable que les permita digerir las muy duras medidas pactadas con el Fondo.

La primera de estas dos hipótesis, la fiscal, es bien comprendida y definitivamente pesa mucho, pero me parece imprescindible complementarla con la que busca en la iliquidez relativa de los bancos comerciales una variable explicatoria adicional.

EL FONDO Y EL SISTEMA BANCARIO

El Fondo ha confesado que la comunidad financiera internacional exige al Gobierno como condiciones inevitables para recuperar credibilidad el procesamiento civil y criminal de los implicados «en la quiebra de tres bancos» y el establecimiento de una supervisión bancaria acorde con normas internacionales. Esta última condición tiene un potencial devastador para los bancos a corto plazo pero esperanzador para un futuro cercano.

Fondo, Gobierno y los mismos bancos han convenido en el papel muy profundas variaciones de la práctica bancaria: liquidez del capital, presentación de los estados financieros de clientes idénticos a los que éstos suministran a la Dirección de Impuestos, provisiones sobre préstamos que no cumplan con amortización e intereses acordados, venta coactiva de avales presentados como garantía, reportes diarios y presentación de planes de negocios a cinco años y de rehabilitación para bancos subcapitalizados, obligación de las autoridades financieras y monetarias de suspender «de inmediato» los gerentes y directores «que se determine en cualquier momento que no (son) apto(s) ni apropiado(s)», administración y venta por el Banco Central de activos adquiridos en su mayoría como resultado de la resolución de los tres bancos en dificultades, entrega en casos de riesgos de liquidez, de las acciones como prenda de medidas de respaldo por parte del Banco Central. Si a estas medidas se añade una contabilidad certificada por auditores de empresas internacionales además de una nacional se comprende que la seguridad bancaria debe ser mucho mayor en el futuro pero que en el momento de su aplicación las provisiones por potenciales pérdidas y por recapitalización deben disminuir su liquidez.

El Fondo recibe en el Convenio una apreciable serie de garantías y de indicadores que miden la seriedad de la voluntad del Gobierno -Ejecutivo, Congreso, Superintendencia, Banco Central- en su cumplimiento. Sencillamente expresado: el Convenio no significa que exista una iliquidez actual de la banca comercial pero sí busca terminar algunas de las raíces de su potencial reemergencia. Estas medidas son muy convenientes al país a mediano y largo plazo y es lástima que el Gobierno tal como lo acabamos de definir no hayan podido tomarlas con anterioridad. Así es la vida diría Demócrito: la guerra es madre de todo cambio; la desaparición de un cambio social profundo es el resultado dialéctico del agotamiento de un modo de producción, expresaría Marx.

Es importante comprender este doloroso proceso de cambio social. Al inicio del proceso de desarrollo el financiamiento por emisión monetaria ha sido imprescindible. Los recursos financieros del ahorro fluían a los poderes económicos dominantes; distraer esos ahorros a otros fines, a la introducción de nuevas combinaciones de factores de producción, era impensable para aquellos a quienes les iba muy bien en una economía estacionaria. Dada la imposibilidad social de aniquilar de un plumazo el rudimentario sistema de intermediación de esas sociedades tradicionales, era imprescindible un financiamiento a nuevos potenciales empresarios y a los pocos privilegiados que estaban dispuestos a correr el riesgo de invertir en nuevos sectores o en nuevos modos de producción. Los nuevos bancos comerciales y el mismo Gobierno introdujeron un sistema paralelo de préstamos.

El creciente desarrollo que experimentamos fue financiado con mínimas garantías y mucho acomodo del Banco Central, de Finanzas y del Gobierno. Se crearon poderosos incentivos para el avance de nuevos negocios – se les concedieron exenciones impositivas, aduanales, cambiarias y financieras- que hacían casi insoportable la tentación de invertir. El éxito de estas preferencias es innegable en términos de producción y habla claramente del espíritu emprendedor de los tentados. Es verdad que el país compró la modernización con la aniquilación de oficios y empleos y con una evidente ampliación de la brecha entre ricos y pobres. No menos cierto es que, a diferencia de los países pioneros del desarrollo -Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos- no se produjo sino se importó tecnología propia financiada parcialmente por quienes importaban nuestros productos- fabricantes de cigarrillos, cadenas hoteleras, comercializadores de banano y aguacate, de azúcar y de cacao. Pasamos de ser economías estacionarias a países subdesarrollados, porque el desarrollo económico hay que medirlo no en lo que se produce sino en la capacidad de producir aquello con que se produce: la tecnología.

Este clásico modelo de desarrollo financiero sólo es factible si el Banco Central respalda masivamente a los bancos cuando sus clientes no logran o simplemente no cumplen con los términos contractuales de los préstamos haciendo peligrar la solvencia bancaria. El costo sin embargo puede ser enorme en términos monetarios y arrastrar al país a un proceso inflacionario y devaluatorio como experimentamos. De hecho desde 1980 hasta la fecha se han declarado insolventes docenas de bancos comerciales, hipotecarios y de desarrollo. El rescate por compra de otros bancos ha sido siempre precario pero en su ausencia de compradores el peso recae sobre el Banco Central. Creo que sólo una vez fue declarado en quiebra un banco comercial y eso fue hacia 1979.

El cambio que experimentará el negocio cambiario no tiene nada de exótico, es el resultado de su mismo éxito anterior. La banca y la economía del país han alcanzado la mayoría de edad. Como en el paso de la niñez a la pubertad muchas prácticas y normas no sirven para enfrentar por cuenta propia el reto de la vida adulta ocasionando desorientación y conllevando una carga de pesar. La banca ha llegado a esa madurez: significa que tiene que tomar las cargas de la vida tutelada siempre por un sistema normativo y de inspección distinto. La alternativa sería dejar de existir o al menos de no crecer.

COROLARIO

Lo dicho de la banca puede decirse del país y del Gobierno: hay que aceptar que ya no se es niño, que el Estado dejará de ser papá cómplice a guarda respetuoso pero firme del interés de depositantes y de inversores nacionales y foráneos.

El convenio con el Fondo propone efectuar ese cambio. Cumplirlo no será fácil ni para el Gobierno ni para los bancos, pero aquel ha empeñado su palabra asegurando al mundo que ya llegó la hora del emancipamiento de una tutela infantil.

Cumplir su palabra es lo que falta. Muchos dudan de la factibilidad de esa promesa. Cumplirla es el reto y a la larga el éxito o fracaso de este Gobierno que se medirá por el grado de aceptación práctica de lo que él mismo convino.