POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Por más vueltas que se le dé a la Constitución de la República no se encuentra un solo enunciado que legitime o fundamente la asignación mensual de 19 millones 160 mil pesos asignada a los senadores desde hace un año para «asistencia social», lo que totaliza   229 millones 900 mil pesos al año.

El barrilito o cofrecito en promedio de 598 mil 750 pesos mensuales por senador es otra expresión del desorden institucional y el sistema de repartición del presupuesto nacional, que pronto será reivindicado por los diputados, síndicos, vicesíndicos y regidores, que también son funcionarios electos y tienen «obligaciones» con sus electores.

Para colmo y sin el menor rubor hay senadores que se consideran víctimas de la injusticia salarial y están exigiendo un aumento de sus ingresos personales   mensuales, de 265 mil pesos, cuando el 80 por ciento de los salarios nacionales, públicos y privados, se estiman por debajo de 10 mil pesos.

$230 millones anuales

Tras suspender las subvenciones presupuestales a las onegés que tenían la mayoría de los legisladores, el Senado electo el año pasado asignó a cada uno de sus miembros una partida   para «asistencia social», en proporción a la población de cada provincia y el Distrito Nacional, lo que se ha llamado barrilito o cofrecito.

El senador que menos recibe es el de Pedernales, con 420 mil pesos mensuales. A los del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal se le asignan 900 mil, según una relación entregada por el Senado. Aunque en una rendición de cuentas del representante de Santiago, Francisco Domínguez Brito, se indica que su límite de gastos es de 1 millón 59 mil pesos.

En el informe de Domínguez Brito, el único que lo ha hecho público, se consignan ingresos de ese fondo por 7 millones 815 mil 675 pesos, entre el 16 de agosto del 2006 y el 30 de abril pasado. Destinó 5 millones 887 mil a programas de ayudas a entidades educativas, deportivas, religiosas, comunitarias y donaciones personales. Otros 874 mil se fueron en gastos administrativos, teniendo en disponibilidad 963 mil 419 pesos.

Según la «reglamentación» adoptada esos fondos «son auditables» por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General y los auditores internos del Senado, bajo el compromiso de rendir cuentas, cosa que todavía la mayoría no ha cumplido y nadie cree que lo harán, cuando una buena proporción no acata el mandato de la declaración jurada de bienes, establecido por ley. Tampoco nadie cree que algún organismo dará riguroso seguimiento a las inversiones de cada senador.

Según el informe del Senado la asignación total para asistencia social es de 19 millones 160 mil pesos mensuales, equivalentes a 229 millones 920 mil pesos por año.  

Carece de fundamento

Tal como expresó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, doctor Servio Tulio Castaños, la asignación mensual a cada senador para  «Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional», carece de fundamento, ya que no existe ninguna disposición constitucional que permita al Congreso Nacional asumir acciones que están dentro del ámbito de la función del Poder Ejecutivo.

En efecto, si se revisa la Constitución de la República por ningún lado se otorga facultad a los legisladores para utilizar recursos del presupuesto nacional en labores de asistencia social, reservada a los organismos del Poder Ejecutivo. Tampoco se ha establecido por una ley, que sería inconstitucional.

El artículo 37 de la Constitución es el que señala las atribuciones del Congreso en 23 acápites que se refieren a la elaboración de las leyes, aprobar o desaprobar informes de la Cámara de cuentas, y el estado de recaudación e inversión de las rentas públicas así como examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo. También interpelar a los secretarios de Estado y a los directores o administradores de los organismos autónomos.

El numeral 4 del artículo 55 otorga al Senado la facultad de aprobar las designaciones de los miembros del cuerpo diplomático. Y el 10 condiciona los contratos del Poder Ejecutivo a la aprobación del Congreso Nacional.

En pocas palabras, la gestión del Poder Legislativo es aprobar las leyes y los actos del ejecutivo y ser guardián de las facultades del Poder Ejecutivo, fundado en el   principio de la separación de funciones, que rige en el sistema democrático universal.

Clientelismo privilegiado

El cofrecito senatorial es una nueva expresión del clientelismo político, financiado ilegalmente con recursos del presupuesto nacional, aún cuando la mayor parte se dedicara a entidades sociales, como indica el informe de Domínguez Brito. Pero nada impide que financien activistas políticos y promociones personales.

De esa manera el fondo se constituye en un privilegio más para los senadores en ejercicio y un ventajismo sobre quienes les disputen una reelección. Es menos justificable si se toma en cuenta que ya los partidos reciben financiamiento estatal para su sostenimiento y campañas electorales, que incluyen sus candidaturas al Senado.

El argumento de que los senadores tienen compromisos que cumplir con sus electores llevaría necesariamente a asignar un barrilito también para cada diputado, síndico, vicesíndico o regidor, que también son electos como representantes de las comunidades. Se ignora si los diputados a quienes que les suprimieron financiamientos a onegés han reclamado su propio cofrecito.

Se sabe que la reglamentación del Senado ha incentivado a síndicos a establecer   programas clientelares de ayudas sociales. El síndico del nuevo municipio de Pedro Brand declaró en Teleantillas la semana pasada que otorga entre 500 y 7 mil pesos mensuales a 300 de sus electores, de un presupuesto de apenas 4 millones 500 mil.

Los dos distritos municipales de Pedro Brand, La Cuaba y La Guáyiga, con presupuesto de un millón 150 mil pesos al mes, pagan «sueldos de 2 mil pesos» a unas 300 personas, la mayoría «de tiempo parcial», según el síndico.

Un millón 295 mil por mes.

Los senadores de la República están saliendo a un costo de por lo menos un millón 295 mil pesos mensuales promedio, equivalente a 41 millones 448 mil al mes y 538 millones 824 mil pesos al año, considerando solo sus ingresos personales y las asignaciones para «programas sociales» y dos oficinas con 24 empleados. Aparte otros 470 mil pesos mensuales para empleados en las oficinas de los bloques legislativos.

La oficina de la sede central tiene asignado un presupuesto mensual de 289 mil pesos para pago de 13 empleados, que incluyen un «asesor de imagen», 2 asistentes, 2 secretarias, 2 choferes, y 4 encargados de seguridad. Para la oficina provincial se destina 142 mil 500 con 11 empleados, que incluyen 2 asistentes y un coordinador.

Las asignaciones no incluyen los gastos por seguridad social y otras prestaciones laborales ni lo que cuestan sus viajes al exterior, como tampoco el suministro de materiales y equipamiento de sus oficinas.

El sueldo básico de cada senador es de 125 mil pesos, a lo que se adicionan 50 mil por «gastos de representación», 25 mil por «viáticos» y 25 mil por «política de hospedaje», para un total de 200 mil pesos fijos.

Además se ha establecido una «dieta por sesión» de 3 mil 500 pesos y «dieta por comisión» de 2,400 pesos para los miembros, que va subiendo hasta 3,400 pesos para secretarios, vicepresidentes y presidentes de las comisiones. Si se estiman 8 sesiones al mes, se adicionan 28 mil pesos. Y 5 reuniones de comisiones al mes dan otros 12 mil pesos. El total de ingresos personales promedia 265 mil pesos mensuales.

Los ingresos personales de los senadores equivalen a 66 salarios mínimos del gobierno y a más de 36 salarios mínimos de las grandes empresas, pese a lo cual varios legisladores propugnan por un incremento salarial, considerando que son los «peor pagados» de esta zona del continente». En un comunicado publicado este jueves, representantes de tres centrales sindicales sostienen que según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social el 80 por ciento de los trabajadores dominicanos ganan hasta 10 mil pesos mensuales.

Aunque los ingresos de los senadores son más del doble de los del Presidente de la República, se pueden considerar menores que los que reciben otros funcionarios  como el gobernador del Banco Central, superintendentes de bancos y electricidad, varios secretarios de Estado, jueces electorales y de la Cámara de Cuentas y titulares de instituciones autónomas. El gerente del Banco Nacional de la Vivienda se acaba de asignar 500 mil pesos mensuales, según publicó el semanario Clave del jueves 2.

Eso revela el desorden salarial prevaleciente en el sector público donde hay secretarios de Estado que ganan 60 mil pesos mensuales y otros que por diversos conceptos reciben cientos de miles de pesos.

Lo peor es que no hay organismo de control, ya los poderes e instituciones estatales conforman una red de reparto del presupuesto nacional y se protegen entre si, mientras a la población pensante apenas le queda la frustración especialmente al comprobar cómo se multiplican los tributos a golpe de una reforma tributaria por año.-