JULIO BREA FRANCO
A tan solo seis meses de la instalación de la primera Junta Central Electoral, en abril de 1923, explotaba una crisis electoral que obligó el aplazamiento  de las elecciones generales y la designación de otra distinta  en los inicios de 1924.

Fue ese el bautismo  de la nueva organización  electoral.  En los inicios de lo que se soñaba como una refundación de la República, en las postrimerías de la Ocupación Militar de Estados Unidos, muy pronto se evidenciaría el imperio de la misma mentalidad de intransigencia, emotividad y desconfianza que imperaba en 1916.

Uno de los puntos capitales del acuerdo de evacuación, al que fatigosamente se arribó  en 1922,  establecía la creación de un gobierno provisional que debía asumir la responsabilidad de dictar una nueva legislación electoral, la celebración de elecciones generales y la convocatoria de una Asamblea Constituyente o Revisora de la Constitución.  El acuerdo se publicó finalmente el 23 de septiembre de 1922. Previamente se había constituido una Comisión de Representativos compuesta por las principales figuras políticas del momento – Horacio Vásquez, Federico Velásquez y Elías Brache – y otros representativos: Monseñor Adolfo Nouel y Francisco J. Peynado. La Comisión, el primero de octubre,  escoge a Juan Bautista Vicini Burgos  por unanimidad de votos que fue instalado oficialmente el 22 de octubre como Presidente Provisional de la República. 

Ya la Comisión de Representativos había conocido un primer borrador de ley electoral, al parecer muy influido por la ley  cubana de 1906, pero su discusión y análisis no se había concluido hasta marzo de 1923 cuando Vicini proclamó el 9 de marzo la ley No. 35. Era una ley moderna en el momento. Una de sus más conspicuas novedades consistía en la creación de un órgano electoral especializado,  denominado Junta Central Electoral con jurisdicción nacional y órganos dependientes, tanto a nivel provincial como en el  comunal de entonces.

Para encaminar las elecciones se debía entonces proceder a la designación del personal de este organismo. El modelo de organización acogido establecía miembros ex oficios. La JCE debía integrarse con tres miembros, cada uno con dos suplentes y completado por los delegados o miembros políticos. El presidente de la Junta debía ser un Juez de la Suprema Corte de Justicia. Los vocales, un juez escogido por las tres Cortes de Apelación y un catedrático o profesor de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Fue de acuerdo a esa normativa que Woos y Gil,  de la Suprema, Fidelio Despradel,  de la Corte de Apelación de La Vega,  y Horacio Vicioso, de la Facultad de Derecho,  fueron los designados y tomaron posesión el 11 de abril de 1923.

Con la proclamación de la Ley Electoral y la integración de la JCE se comenzaron los preparativos de las elecciones programadas para el 14 de noviembre siguientes.

El problema que dinamitó el calendario aconteció en el fatídico octubre. La nueva normativa electoral era precisa en el procedimiento y plazos. En La Vega las propuestas de candidatos de la ya formada Alianza Nacional Progresista   de Vásquez y Velásquez  fueron rechazadas, por no cumplir con los requisitos legales  de los plazos. La Vega era la tercera plaza en importancia del país. Si los candidatos de la Alianza no se aceptaban, el beneficiario sería la Coalición Patriótica de Ciudadanos que llevaba a Francisco Peynado para Presidente. Esta situación, en el caso probable de ser aceptada por la Junta Central, se reproduciría en las listas de candidatos en Barahona, Monte Cristi y Puerto Plata.

La Alianza terminó  recusando a dos de los miembros de la Junta: a Despradel y Vicioso. Dos de los tres integrantes. La crisis tomó cuerpo. Se estaba ante el fracaso de las elecciones. Summer Welles,  Comisionado de Estados Unidos,   el 8 de noviembre convocó a una reunión de la Comisión de Representativos en las instalaciones de la Legación. En esa primera y en otras celebradas en los días siguientes se logró «borrar el pizarrón» y recomenzar de nuevo.

Fue así como se convino la reprogramación de las elecciones para  el 15 de marzo del siguiente año, designar una nueva Junta Electoral y modificar la ley electoral que sería marcada con el número 126 del 4 de enero de 1924.