SERGIO SARITA VALDEZ
Una vieja melodía de Fuentes y Cárdenas interpretada por el fenecido cantante y actor de cine mexicano Pedro Infante, que lleva como título “Que murmuren”, terminaba los versos con el siguiente estribillo «el agua se aclara sola al paso de la corriente». Otros pensadores más reflexivos suelen decir: démosle tiempo al tiempo y esperemos a que se desarrollen los acontecimientos. Todavía hay algunos cautelosos que nos advierten: No todo lo que brilla es oro. Juan Bosch tuvo entre sus innumerables atributos la valiosa costumbre de darle seguimiento al comportamiento que exhibían determinados individuos con relación a un tema en particular.

Ello permitía descubrir la verdadera intención de algunas propuestas las cuales, en ocasiones, aparecían vestidas con piel de oveja, pero en el fondo lo que encubrían era a un feroz y sanguinario lobo hambriento, deseoso de engullirse a la inocente e indefensa Caperucita que en el caso presente lo es el pueblo dominicano.

En una entrega anterior nos comprometimos a terminar de desollar el becerro forense al que ya habíamos comenzado a quitarle su encubridora piel murina. Ofrecimos el testimonio escrito de una madre a quien en enero de 2005 la gente del INACIF del hoy senador Francisco Domínguez Brito le cobró la suma equivalente en pesos dominicanos a $36,960.00 (treinta y seis mil novecientos sesenta pesos) como parte del experticio realizado al cadáver de un hijo, y que consistía en hacer estudios de ADN para ayudar a identificar al occiso. Esto ocurrió hace más de dos años y todavía la humilde familia espera por los resultados del estudio en cuestión. Ni antes ni ahora se ha investigado el asunto por parte de las autoridades del Ministerio Público.

El martes 5 de junio de 2007, en el matutino Listín Diario, el periodista Elías Ruiz Matuk publica con el titular «Procuraduría y Laboratorio firman acuerdo para realizar pruebas de ADN» la siguiente información noticiosa: «La Procuraduría General de la República suscribió ayer un acuerdo tripartito con el laboratorio clínico Patria Rivas y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia para aplicar un 20% de descuento a las personas sometidas a pruebas de ADN o de filiación paterna de los niños, “siempre y cuando el examen sea debidamente solicitado por el Ministerio Público». Hasta donde tenemos entendido, ese tipo de trabajo es de la incumbencia del área de la Medicina Forense y por ende del denominado INACIF. ¿Quién va a pagar el restante 80%? Dice un viejo adagio jurídico que «a confesión de parte, relevo de prueba». Quiere esto decir que con su accionar, es decir, en los hechos las autoridades del Ministerio Público nos dan la razón cuando afirmamos que el INACIF cobraría por los servicios que ofertaría a la población. En esta ocasión estará cobrando a través de terceros. Refresquemos no más una de las atribuciones del director general del INACIF contemplada en el proyecto de ley: «Delegar o contratar en algunas personas naturales o jurídicas la realización de algunas actividades periciales y controlar su ejecución».

¿En qué ha consistido nuestro pecado, si es que así puede llamársele a la denuncia pública relacionada con la aprobación al vapor, en dos lecturas consecutivas, de un lesivo proyecto forense por parte del Senado de la República? Simplemente en que hemos desenmascarado al proponente de este proyecto de ley, a todas luces privatizador y monopolizador de los servicios médico forenses en el país.

El globo de ensayo arrancó en la ciudad de Santiago hace ya mucho tiempo, faltaba hacerlo extensivo a todo el territorio nacional.

Evidentemente que una nación en donde las violaciones sexuales, el uso y abuso de drogas, los maltratos físicos y los crímenes están a la orden del día, esta clase de negocio tiene que representar una gigantesca mina de diamante para sus promotores.

Imagínense lo que significa crear por ley un monopolio con subvención estatal sin que en parte alguna del proyecto se estipule la gratuidad de tan siquiera uno de sus servicios.

Confiamos en que el proyecto del senador Domínguez Brito pase pronto a vistas públicas en la Cámara de Diputados, para que los señores congresistas puedan escuchar y debatir las bondades, si es que las tiene, así como las maldades y perjuicios que para los pobres se anidan en las entrañas de este becerro cebú.