El director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, ha hecho muy bien en enmendarle la plana a su superior inmediato, Vicente Bengoa, secretario de Hacienda, a propósito de la confrontación entre el Gobierno y una parte del empresariado privado sobre el manejo de la economía. Presentar las exenciones al sector empresarial como meras ventajas es un desfase con la realidad y pretender  su supresión es una torpeza mayúscula. Las exenciones de que se habla han posibilitado que el consumidor medio reciba a precios menos inflados, bienes de consumo que de otra manera resultarían demasiado caros.

 Si algo puede pedirse es que haya una mejor fiscalización de esas  exenciones para tratar de lograr aumentar los beneficios transferidos hacia los consumidores, pero caer en el extremo de hablar de supresión de estos estímulos es ignorar los perjuicios que una medida de esa naturaleza ocasionaría en la población. Si se estima que alguien en el empresariado está recibiendo ventajas indebidas, entonces que se revisen y corrijan los procedimientos y se hagan los ajustes necesarios para evitar que  recursos del Estado se transformen en privilegios. Como en el caso de los subsidios, las exenciones deben provocar un efecto beneficioso para la población. En medio de un debate como el que se ha producido la posición del director de Impuestos Internos es bastante oportuna.

¿Funcionarios inorgánicos?

El cónsul del país en Nueva York, Eduardo Selman,  ha explicado  que veinticinco cónsules en varios estados norteamericanos no han cobrado desde enero de este año porque ni siquiera han sido puestos en posesión de sus cargos por razones estratégicas y económicas. La explicación pone en entredicho la necesidad que tenía el país de nombrar tantas personas en puestos que ni siquiera desempeñarían.

No hay manera de explicar una designación si la persona designada no la va a desempeñar. A esto se suma el caso de gente que no acude a los puestos de trabajo en que están designados. Se entiende que si la Cancillería no ha juramentado o puesto en posesión estos cónsules, y si tampoco les paga, es porque en realidad el Estado no los necesita. Lo prudente sería que se anularan estas designaciones para evitar posteriores alegaciones sobre derechos adquiridos. El Estado no necesita para nada funcionarios inorgánicos.