El blindaje que debería rodear los procesos electorales

El blindaje que debería rodear los procesos electorales

Además de faltar un efectivo régimen de consecuencias contra la prematura y violatoria selección y promoción de candidaturas a funciones de Estado, el activismo partidario amerita otras importantes restricciones para garantizar transparencia y equidad en las contiendas. Librarlas de la capacidad manipuladora del dinero que, tenido en abundancia y confusión de origen, es todavía muy determinante para captar adeptos con gestos demagógicos bajo piel de oveja y falsificación de imágenes valiéndose desproporcionadamente de medios publicitarios y espacios diversos: vallas exteriores de todos los tamaños; saturación de mensajes electrónicos e impresos; uso de especialistas bien pagados para generar desde la Internet tendencias de opinión y simpatías. Una artificialidad que ya en otros grandes mercados electorales, incluyendo el de Estados Unidos, puso a muchísima gente a creer en lo que no es y tener mucho peso en las urnas.

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No ha existido aquí, como sí ocurre en otras democracias sólidamente reglamentadas, la fuerza de un mecanismo institucional que coloque en igualdad de posibilidades las promociones de candidaturas y en acceso a debates de una misma magnitud y presencia ante los electores.

El uso del poder no ha tenido contención alguna. A la vista de todos o con subterfugios el Erario ha sido patrocinador de aspiraciones; y las finanzas de algunas entidades descentralizadas estuvo en casi todos los episodios electorales anteriores a disposición de quienes se propusieron conservar su acceso a bienes públicos con desprecios éticos.

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