Ponerse de acuerdo para dejar de comprar determinado producto de primera necesidad y gran demanda en protesta por su precio es un paso halagüeño en defensa de la economía popular.
El consumidor generalmente solo prescinde de artículos por debilidad en su poder adquisitivo. Pero en estos momentos, una motivante consigna mueve a preguntarse: ¿Será el pollo el gran aglutinador de voluntades para empezar a emplear con éxito la herramienta del veto al alto costo de la vida? Sería una forma de ejercitar el músculo eficaz del descontento colectivo. De forjar consensos populares contra la especulación o cualquier otra causa ostensible de encarecimientos. La propuesta de boicotear la carne blanca provino de intermediarios organizados que atribuyen a productores avícolas aumentos de precios injustificados. Luego el Instituto Nacional de Protección al Consumidor la hizo suya .
Ahora habría que esperar a que el ciudadano responda de manera generalizada al llamado a paralizar la demanda de una carne de sobrada importancia y común empleo en la dieta del dominicano, con sucedáneos poco accesibles y que no son tan saludables. En caso de que este acto de resistencia provocara una satisfactoria disminución de precios, el consumidor se habría dado a respetar colocando un precedente que auguraría campañas similares contra otras adversidades de la economía popular. Una espada de Damocles.
La pasión por gastar lo ajeno
Ejerciendo sus facultades o haciendo valer su cimera autoridad en el Estado, el nuevo Gobierno debería hacerle guerra a ciertos gastos excesivos. Organismos subordinados al Poder Ejecutivo o con autonomía para gastar e invertir que a veces manejan el dinero con poca racionalidad, a riesgo de quedarse después sin cumplir tareas esenciales. Tienden a lo superfluo y/o agotan antes de tiempo lo que la ley de Presupuesto les reserva. Hacen fiesta con lo que no es de ellos sino de los contribuyentes.
Gastar o invertir sin previsión ha ocurrido con anterioridad. El país en ocasiones ha estado sembrado de obrar truncas; ambiciosos proyectos para los que después ocurre que no hay recursos para continuarlos. Invivienda es una muestra. No se trató de que, en atención a urgencias de fuerza mayor, el Estado reordenara prioridades, que es lo que quizás justificaría que algunas cosas se inicien y luego se paralicen.