El brazo de la ley llega débil a los campos del país

El brazo de la ley llega débil a los campos del país

Los derechos de propiedad sobre terrenos y ganados resultan quebradizos en algunas zonas del país, sobre todo en la región del Este, en las que cíclicamente se registran invasiones de fincas, desapariciones y matanza subrepticia de reses, de cuyos dueños surgieron en más de un momento reciente, demandas de acciones conjuntas de autoridades policiales, judiciales y agropecuarias. Enfrentar estos males en varios frentes a la vez.


Las reacciones con la ley en las manos contra los abigeos y para contener a grupos que persisten en adueñarse con violencia de predios, no han sido contundentes y a medida que se aproxima el período de Navidad, que es cuando se recrudecen tales hechos, aumenta la incertidumbre entre productores de carne y leche y agricultores de dedicación al trabajo en ámbitos propios.


Las embestidas sobre crianzas de animales y el irrespeto en tropel a las alambradas para levantar casuchas con aplastamiento de surcos ajenos, causaron alarma desde mediados de año en Higüey, Hato Mayor, El Seybo, Monte Plata, Bayaguana, y parajes de Consuelo, Higüeral y Nisibón en la región oriental.


Ahora mismo, en tres de esas jurisdicciones suceden robos nocturnos de ganado como los que habían acaecido semanas antes en Villa Mella y sus cercanías de los que da fe el veterano productor José Antonio Martínez Rojas.
Ha existido además una preferencia de inusitados cuatreros por apoderarse de caballos, medio de locomoción tenido a menos, y cuya carne solo es consumida por los dominicanos si los engañan haciéndoles suponer que proceden de vacunos.


Parecería que asoma su punta de lanza un clandestinaje que incluye lo fraudulento en violación a normas sanitarias, y que en su apogeo del primer semestre del 2021 no dio pie a algún extendido rastreo de efectivos policiales que sacara de las sombras y condujera a la justicia a los protagonistas de un apandillamiento con características nuevas.


POBREMENTE DEFENDIDOS


Mientras más lejos de las ciudades se esté corriendo el riesgo de sembrar para obtener frutos que los intrusos puedan barrer fácilmente, o se críen vacas, cerdos y hasta ovejas en República Dominicana, mayor ha de ser el desamparo ante el proceder taimado de ladrones y carniceros a cielo abierto.


La queja más común de las víctimas de robos y violaciones de propiedad que podría recogerse en muchos campos va en el sentido de que las autoridades no fueron constantes ni diligentes en protegerles en períodos anteriores de gobierno, sin distinción de generales.


Enrique Carlos de Castro, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne dijo recientemente: “Estos robos de animales bovinos no son fácil de ocultar, o sea, que con el seguimiento correcto de la Policía y de los fiscales podríamos darle un fin a esto rápidamente con la ayuda del presidente Luis Abinader”.


El importante sector ganadero que él representa calcula los daños causados en este mismo año por robos de ganado por todo el país en varias decenas de millones de pesos solo para pequeños productores, «sin que hasta el momento hayan recibido el apoyo de las autoridades correspondientes».


Con 94 destacamentos policiales semi desiertos, y muchos de ellos cayéndose a pedazos, y escasos de medios de transporte para cubrir las 32 provincias extendidas por 48 mil kilómetros cuadrados, no puede disponerse de suficiente personal para reaccionar contra sigilosos bandidos que se mueven a deshoras fuera de espacios poblados y de la usual iluminación urbana.


Existe además en la ruralidad dominicana, la precaria institución del alcalde pedáneo, negada a desaparecer, al que le toca representar el principio de autoridad con puñal al cinto y lleno de ocupaciones para: suscribir constancias de nacimiento en las comarcas, certificar defunciones, rentas y traslados de animales; colaborar con la Policía y el Ejército localizando personas, entregando citaciones… Nadie como este personaje necesitaría más ayuda para salir airoso. Contando con él como único recurso de protección, la vida de vacas y becerros sería más efímera de lo común.


ASTUCIAS DEL ABIGEATO


Hablando desde su extensa relación con la agropecuaria ,en la que ejerce liderazgo, José Antonio Martínez Rojas, columnista de este diario, explica que «desde unos años acá, no solo se presenta el robo del ganado vacuno, sino que los abigeos han descubierto una fórmula más eficiente y menos riesgosa de cometer sus fechorías”.


En efecto, penetran con nocturnidad a las fincas ganaderas, matan en el mismo lugar y descuartizan al animal, generalmente cargando con los cuartos traseros que tienen más abundancia de carne y desperdiciando todo lo demás.
«Cuando robaban el animal vivo, podían ser detenidos por los inspectores de ganado que les solicitan el «certifico», es decir, el documento emitido y sellado por la alcaldía de la localidad».


INFLUENCIA DE POLÍTICOS


Don Julio Ulises de Beras, productor seibano de estirpe y presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, ha visto reducirse en su zona las sustracciones de ganado, que a veces entran en pausa, y las vulneraciones a la propiedad privada, que suelen alcanzar apogeos en períodos electorales.


Sostuvo, sin embargo que detrás de la propagación del irrespeto a bienes agrícolas está la manipulación de políticos inescrupulosos que prometen parcelar eventualmente fincas de particulares incentivando la toma anticipada de terrenos.

Aunque en ocasiones los verdaderos dueños presionan a la Policía en busca de respaldo para emprender acciones contra los intrusos, dirigentes regionales de partidos políticos ejercen influencias para inhibir al cuerpo del orden. Situados entre el fuego de las denuncias formales de los perjudicados y el de los influyentes y ambiciosos defensores de los invasores, las autoridades correspondientes quedan atrapadas en la inercia.

CUATREROS POR DOQUIER

La sustracción de ganado ha sido estudiada a nivel internacional y en un informe sobre su incidencia que menciona a Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Paraguay, entre otros, República Dominicana aparece como afectada con altos costos por daños a la producción pecuaria.


Hasta en Europa existe la delincuencia especializada en atacar la crianza de animales afectando a países reconocidos como principales productores, que son Alemania y Francia. Con todo, como porcentaje del tamaño de sus economías, no llegan a los niveles alarmantes de países de debilidades policiales y judiciales.


Son los casos de Argentina, donde de un solo tablazo, hace un par de años, una asociación de malhechores se hizo cargo de 285 vacas; y de Chile, donde desconocidos se adueñaron de 29 reses de costos millonarios por su genética. De Nicaragua se dice que los novillos suelen desaparecer «de uno en uno o de lote en lote».


Estudiado como problema que trasciende fronteras. especialistas recomiendan varias medidas para prevenir el abigeato que van desde poner herraduras oportunamente al ganado, tomar nota de toda persona extraña en los potreros, organizar la vigilancia nocturna, denunciar la matanza clandestina y abstenerse de comprar carne de dudosa procedencia.


Para la República Dominicana lo que vendría a hacer falta es una división o departamento de la fuerza pública que se concentre en perseguir el delito, guiándose de los grados de incidencia que tiene por región, que recopile antecedentes, recurra a intervenciones aleatorias en los caminos y persiga, exclusivamente, la transportación ilegal de cabezas de ganado y cargamentos de carne.


Entre las causas del abigeato establecida por los estudiosos de esta criminalidad están: la impunidad, la falta de vigilancia, la formación de seudo organismos ganaderos y las dificultades para la presentación de la denuncia ante las autoridades. Dominicanamente hablando, las autoridades son receptoras de mucha información directa sobre azotes de cuatreros, lo que no obstante, no las lleva a actuar en consecuencia con energía suficiente.


En el sector ganadero a lo que se aspira es a constituir una coalición de instituciones para que la acción policial, declaradamente insuficiente, no sea el único factor en contra del abigeato, integrando a instituciones como la Dirección General de Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, Pro Consumidor y los propios productores.


Quieren que los daños que infligen los cuatreros a un renglón importante de la economía sean vistos como un problema social grave contra el cual deben emprenderse acciones institucionales que eviten quiebras en la ganadería y garanticen al consumidor la procedencia y el procesamiento idóneo de la carne que adquiere rutinariamente.

DESALIENTO EN PRODUCTORES

De los ganaderos organizados surgió recientemente el dato, resultado de su propia recopilación de casos , de que en pocos meses ocurrieron más de 400 robos de vacas y caballos con la salvedad de que por la falta de resultados tras apelar a las autoridades para establecer responsabilidades, ha cundido la desconfianza y muchos productores se abstienen de formular denuncias.

Desde el sector como un todo se afirma que el azote impune de delincuentes rurales, pone en peligro la supervivencia de inversiones y podría tronchar el objetivo, hacia el que se había avanzado bastante, de convertir a República Dominicana en un exportador confiable y sin interrupción hacia el mercado de Estados Unidos.


Según las propias estimaciones de los liderazgos ganaderos, y a falta de un trabajo estadístico pormenorizado, en el país existen cerca de 58,000 ranchos de producción para carne y leche y alrededor de dos millones de cabezas.
Inversionistas de la pecuaria de diferentes renglones y volúmenes de operaciones aspiran a establecer con las autoridades un sistema que verdaderamente brinde confianza a los capitales para un mayor desarrollo y rentabilidad de la ganadería.


Consideran imprescindible, para comenzar a llevar seguridad al campo, que haya mayor receptividad a las denuncias de acciones delictivas que ameriten investigaciones y persecuciones inmediatas para que no sigan cayéndose los casos llevados a tribunales o que tienen que ser descartados por fallas en la recolección de pruebas y en expedientes.

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