Señor director:

Permítame hacer público la situación que he afrontado recientemente en calidad de persona física contribuyente. En marzo de 2008 notifiqué a la DGII en San Cristóbal el cierre de la actividad comercial que realizaba y luego de que un inspector me orientara sobre  los pasos a seguir, deposité la documentación de lugar para que fuera procesada mi  solicitud.

Un año después me llega una notificación de que debo presentarme a esas oficinas, debido a diferencias detectadas. Cuando acudo, me informan que tengo que  pagar una considerable suma de dinero, y cuando reclamo y empiezo a indagar, me doy cuenta de que realmente no se dio curso a mi solicitud de inactivación, ni el inspector que me atendió en su momento me brindó la orientación adecuada y, por esas razones, al seguir figurando como activa en la base de datos (lo cual era de mi desconocimiento), se fueron generando cargos e intereses por mora, de los cuales vime a percatarme  un año después, cuando me llegó la notificación enviada por la oficina principal de la DGII en Santo Domingo. Hago de su conocimiento esta situación, porque me consta que existe una gran cantidad de personas físicas contribuyentes en la ciudad de San Cristóbal y a nivel nacional que están atravesando por la misma situación, y que tienen deudas pendientes que  desconocen  porque, en su momento, el inspector correspondiente que les atendió no las orientó de manera adecuada ni les notificó de las irregularidades encontradas sino hasta un o dos  años después, cuando la deuda fue incrementándose de manera considerable por moras e intereses, siendo esto de total desconocimiento  de los contribuyentes, quienes vienen a enterarse cuando les llega la notificación de la oficina principal en Santo Domingo.  Eso es un caso más de   desprotección de quienes deben servir.

 Atentamente,

Raquel De Jesús.