Señor director:
Al leer las crónicas de los sucesos en Miches, que ha desgarrado esa comunidad, quiero llamar la atención de las autoridades competentes: justicia, ministerio público, fuerza del orden, IAD y los gremios profesionales, en el sentido de evitar que tragedias similares se continúen repitiendo a todo lo largo de la costa, especialmente desde Samaná hasta Barahona.

Y es que las tierras otorgadas a los agricultores por la Reforma Agraria y que tienen potencial turístico, son asaltadas hoy por profesionales del derecho y de la agrimensura que aprovechan sus conocimientos y su falta de escrúpulos y de ética profesional para desalojar legalmente a los legítimos propietarios y luego vender estas tierras, especialmente a extranjeros que buscan tierras costeras como buscaron algunos el oro del oeste norteamericano, emulando así las acciones de los conquistadores europeos contra las poblaciones indígenas de América.

Los campesinos están siendo desalojados de sus predios por la ley mal aplicada, por la mafia nacional e internacional ante la indiferencia de las autoridades.

Hago estas afirmaciones sin citar casos concretos, porque en mi condición de abogado, experto en tierras vivo cada día en los tribunales de Barahona a Samaná litigando en defensa del derecho de parceleros que han trabajado la tierra por más de 40 años y que de un momento a otro reciben una orden de desalojo de un “propietario” de último minuto. Esa es la razón por la que le digo que tragedias como la de Miches están siendo incubadas.

El CODIA en su capítulo de agrimensura, el Colegio de Abogados y la Suprema Corte de Justicia están emplazados por este ciudadano a que supervisen y controlen el ejercicio de sus integrantes en el área de tierra, agrimensores, que no miden, abogados fuera de la legitimidad y jueces sin mecanismos para imponer la verdad.

Atentamente,
ALEJANDRO MARÍA