POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Hablemos claro: nada hay más difícil para las personas que cambiar su costumbre. A nivel de la sociedad es muy cuesta arriba cambiar instituciones, aunque sus miembros estemos de acuerdo en que las actualmente vigentes son inadecuadas.

Cambiar en mejor las instituciones sociales puede lograrse de dos maneras: a)mediante el impacto de personalidades ejemplares que antepusieron el interés nacional al propio, b) mediante la presión ejercida por actores externos que exigen comportamientos y valores nuevos en la práctica aunque reconocidos teóricamente como necesarios.

Probablemente todos los países han experimentado y aceptado en ciertas etapas de su historia el influjo de estas dos fuentes de cambio institucional. Los padres de la patria con su ideal de independencia política, por una parte, y las estructuras mundiales de poder militar y económico, por otra parte, cambiaron profundamente las instituciones sociales de muchos pueblos. Quiero fijarme en esta segunda mayéutica de cambio institucional.

Roma, España, Francia, la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos impusieron o imponen a una apreciable parte del mundo sus instituciones y su cultura. Negar los cambios inducidos, ciertamente no eternos en tiempos históricos, sería tan pueril como afirmar que trajeron males y sólo males.

No se trata precisamente de que esos centros de poder y las reglas que impusieron fuesen éticamente correctas o nacionalmente patrióticas. Ni el catolicismo impuesto por España, ni la república de la revolución francesa, ni el socialismo leninista, ni la democracia economicista norteaméricaricana estuvieron libres de violencia -no fueron lo que «deberían haber sido»- ni tampoco encarnaron el mal absoluto pero sí fueron y fueron con poder militar y económico irresistible para los tiempos. A los otros países no les quedó más recurso que aceptarlos por necesidad o ser absorbidos por ellos, a menudo habiendo dejado en el campo de batalla sus mejores hijos, y tratar de extraer sus buenas consecuencias sociales y éticas discerniéndolas críticamente.

Del CAFTA podemos afirmar lo mismo. Mi ejercicio de hoy consiste en buscar lo bueno que trae, sin negar lo malo, y calibrar su potencial de mejora de nuestra sociedad.

En el campo económico lo malo -el sacrificio de posiciones de poder protegido, la posible pérdida de empleos, el desbalance fiscal- crece con lo bueno: presión a competir para mejorar la calidad y la cuantía de bienes y servicios, reglas claras de conducta económica, precios más bajos.

Institucionalmente el CAFTA aparece como diseñado ex profeso para robustecer y reformar profundamente nuestras instituciones administrativas y jurídicas y las criticadas imprevisibilidad y discriminalidad de sus prácticas tal como acaba de presentar el Reporte Demos 2005 del CUPES y antes el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD.

LA ECONOMÍA INSTITUCIONAL

A principios de los mil novecientos noventa con ocasión de la difícil transición de las economías socialistas a economías de mercado resultó imposible negar la importancia de las instituciones económicas. Sachs el campeón de la transición de shock en Rusia creía, sin saber ruso ni conocer su historia ni su derecho, que la eficiencia del «homo oeconomicus» y la eliminación del poder estatal sobre la economía bastaban para garantizar el triunfo económico del mercado. Pero hasta Bhagwati, el líder ideológico de las ventajas del libre comercio, sabía muy bien que muy concretos derechos de propiedad sobre qué y cómo ejercerlos eran insuficientes. Rápidamente se extendió la comprensión de la necesidad de otras instituciones sociales dependientes del Estado para el buen funcionamiento del mercado: seguridad social, política fiscal, política de competencia, de defensa del consumidor, supervisiones bancarias y bursátiles, etc.

Ya en 1992 el Premio Nobel de Economía fue concedido a Douglas North un historiador económico que parecía moverse mejor en la sociología y antropología que en la economía pura.

Desde entonces se ha avanzado espectacularmente en la comprensión de la necesidad de reglas de juego para el actuar económico. Resumiendo: los actores económicos necesitan para tomar decisiones «óptimas» contar con instituciones que garanticen libre entrada y salida de productores, tratamiento igual para todos los agentes del mercado, renuncia a tratamientos fiscales y jurídicos discriminatorios o preferenciales, conocimiento, transparencia y durabilidad de decisiones administrativas, derecho a impugnar abusos de poder o de desprecio a las leyes, soluciones a controversias sobre comprensión, disminución del riesgo de mercado, prácticas de regulaciones y contratos, ordenamientos bancarios, libertad para incursionar en todos los mercados extranjeros aceptando su ordenamiento legal y administrativo, respeto al medio ambiente y rechazo a contratos públicos sin licitación, sanciones para prevaricadores contra las reglas del mercado, etc., etc.

Si los norteamericanos en su afán de destruir el sistema socialista de planificación coactiva se mostraron hace quince años increíblemente confiados en las virtudes excelsas de la competencia y de la propiedad, hay que reconocer que han sabido sacar todas las conclusiones de su pasado simplismo y que han identificado buena parte de las condiciones para un funcionamiento ordenado, equitativo y eficiente de los mercados.

El CAFTA-DR contiene una exposición concreta admirable desde el punto de vista de producción y comercio de lo que debe ser una deontología privada y pública de los negocios y hasta de una concesión inusual a la diferente situación inicial de las partes contratantes. Por ejemplo por un período de 20 años se aceptan rectificaciones técnicas proteccionistas de índole quantitativa en nuestros mercados de arroz, azúcar, leche, carnes, cebollas, ajos, carne de pollo, tomate, etc. Se conceden hasta cinco años para la eliminación de tarifas para muchos bienes de consumo industriales, etc.

Esto no significa que el Tratado sea éticamente perfecto. Mientras que el papel regulador del Estado queda bien resaltado, otras de sus funciones como las ligadas a la distribución y al gasto público para satisfacer necesidades básicas no tienen fácil cabida en tratados de comercio administrado y limitan la ya menguada soberanía del Estado-Nación.

Sin embargo, el CAFTA-RD casi parece un manual deontológico de negocios en el área de producción. Algo que nuestra enseñanza profesional ha descuidado.

¿Basta una buena deontología económica para nuestro repunte económico?

Obviamente no. El país detuvo su carrera de crecimiento por tres razones fundamentales: impotencia empresarial para poder competir con recargo cambiario y tarifas discrecionales con una Centroamérica «destarifada», mala y costosa energía unida a altas tasas de interés y a un tipo de cambio sobrevaluado, y penosa desinstitucionalización pública. Por supuesto la muy baja calidad de los servicios públicos es otro factor a largo plazo y gran impacto el «stop» que ha frenado nuestra economía.

El aporte potencial del CAFTA a combatir dos de estas trabas -desinstitucionalización y costos arancelarios (que incluyen la factura consular, procedimientos aduaneros y tasas de transporte para el acceso de mercancías)- es sustancial. En cambio ni la energía, ni los problemas financieros y cambiarios, ni los bienes y servicios públicos son tocados directamente y pueden ser condiciones necesarias para la economía. Por eso me atrevo a firmar que el CAFTA-RD no es condición suficiente para el desarrollo de una nueva economía.

En cambio puede que sí señale el inicio de un nuevo país. Para mí un país que respete las normas básicas de buena conducta económica, tal como aquí apenas se han esbozado, es un país distinto al que vivimos aunque por un tiempo el bienestar económico generalizado resulte evasivo por otros factores. Hasta en el campo económico el «país» entendido como la totalidad de nuestros recursos y de nuestra cultura sería muy distinto: la riqueza o al menos el bienestar económico sería el resultado de una actividad donde, en principio, no se discrimine ni se incentive artificialmente a los agentes económicos y, por lo tanto, donde la etapa que Marx denominó «acumulación originaria industrial»llegó a su fin. El Estado sería más bien regulador y garantizador del más amplio ejercicio de libertad económica y social de cada ciudadano compatible con la de los demás, en vocabulario de John Rawls, y no-encarnación del poder ejercido por grupos dominantes en desmedro de la mayoría de la población.

El peligro para ese nuevo país no está en que el CAFTA-RD sea aprobado por el Congreso dominicano, el de los países Centroamericanos y el de los Estados Unidos, algo a lo que la realidad del poder económico y político mundial nos compele, sino en que nos creamos que a semejanza de los Sacramentos esa aprobación surta efectos «ex opere operato» y no «ex opere operantis» (por la simple firma y no por el esfuerzo de los firmantes) o por la vieja práctica de sobrecargar al burro porque la «carga se apareja en el viaje».

La tratadomanía con la mala fe supuesta de no obligarnos a nada ha marcado la historia latinoamericana y la nuestra en particular. Somos los campeones mundiales de firmantes de Convenciones Mundiales laborales, ambientales, sanitarias, políticas, financieras, de género, etc. porque sabemos que si no hacemos nada la inercia dinámica de las fuerzas laborales nos permitirá vivir como antes.

No creo que en el caso de este Tratado podremos repetir conductas pasadas a pesar del incentivo para hacerlo – en honor a la verdad impone más competencia económica a los empresarios y apreciable pérdida de poder político para el Gobierno- sino porque desviaciones significativas e iterativas de lo firmado acarrearán probablemente serias sanciones por parte de otros países. Innegablemente el Tratado es una obligación no siempre bienvenida; tampoco lo es la «ética de presión» a la que la familia y la sociedad nos somete continuamente a lo largo de la vida so pena de sancionarnos donde más nos duele (el órgano de dolencia varía, porque la sanción va de la pela y la reprimenda hasta la cárcel) pero hoy por hoy, salvo la dictadura unilateral, es el único modo de convivir civilizadamente.

Por eso me gusta el CAFTA: puede ser el inicio de un nuevo país.

EL RETO FISCAL

Como es natural la supresión de ingresos fiscales por eliminación progresiva de derechos aduaneros, facturas consulares, recargo cambiario y hasta tasas portuarias mermará sustancialmente ( unos 20,000 millones de pesos anuales) las posibilidades del Estado para cumplir sus obligaciones contractuales y compensar a sectores perjudicados.

En términos prácticos y hasta contractuales (Protocolo de acuerdo con el FMI) habrá que hacer una reforma fiscal. Para ella conviene recordar la situación económica de muchos contribuyentes y las duras críticas contra el gasto público clientelista y el tamaño del Estado.

Hay maneras diversas de enfocar el reto fiscal, entre ellas las de buscar las formas más simples y seguras de recaudar lo perdido y algo más (reforma fiscalista) o las de organizar los impuestos y el gasto público a favor de más empleo, vía inversiones -no sé de que otra forma se lograría- y más equidad. Es altamente probable que la reforma fiscalista tenga muchas más probabilidades de triunfar que la segunda a pesar de que el CAFTA-RD estimula los deseos de organizar mejor nuestra sociedad y nos invita a hacerlo. Hay que esforzarse, sin embargo, por huir tanto del status quo como del populismo o de las utopías que supongan una conducta humana fundamentalmente opuesta a la experiencia histórica. Otro día haré mis pininos sobre la siempre temida reforma fiscal.

CONCLUSIÓN

Decían Wolf y Leibnitz, dos distinguidos filósofos germanos, que nada existe sin razón suficiente.

La preceptiva institucional del CAFTA-RD tiene como razón necesaria y suficiente la necesidad de ordenar la conducta económica y política en el área económica de la producción y cambio en busca de eficiencia y seguridad institucional en un mundo abierto.

Aunque las naciones contratantes han buscado con bastante éxito mantener sus tradiciones nacionalistas (rectificaciones técnicas agropecuarias, por ejemplo) están enfrentadas a una alternativa desagradable: o aumentan su competitividad sobre todo en relación con Centroamérica (¿y el costo de la energía eléctrica y del financiamiento?) o siguen esquemas proteccionistas que encarecen bienes y servicios de calidad y que pueden dejarnos sin mercados y con tanto o mayor desempleo.

A plazo más largo de aprobación del Acuerdo peores sus consecuencias sobre las inversiones directas del extranjero (zonas francas, turismo, energía) que ya ahora tienen expectativas basadas en su aprobación. No es posible olvidar que toda inversión importante se justifica por las expectativas de ingresos y costos futuros y que ambos dependen crucialmente de la seguridad relativa que pueden ofrecer las reglas institucionales de juego. Aunque la resistencia de los poderosos lobbies azucareros norteamericanos al CAFTA-RD muestran que en ciertas áreas somos económicamente interesantes y hasta peligrosos para ellos (azúcar de caña, aguacates, frutales), nuestros competidores inmediatos son los países centroamericanos.

Tampoco debemos soslayar que para las inversiones nacionales los cambios institucionales inesperados inducidos por grupos de intereses con influjo sobre los Gobiernos han llevado ya a varios empresarios a incursionar en Puerto Rico. Hasta los físicos de todos los tiempos rechazan un vacío imprevisible (Dios no juega a los dados, decía Einstein) que obstaculice la acción de las fuerzas físicas conocidas. El éter, curiosa construcción otrora de los científicos para comprender la acción a distancia, existe también para los economistas nacionales y extranjeros sólo que nosotros lo llamamos marco institucional jurídico.

El tiempo de la niñez nacional y de excepciones conductuales toleradas por otros países pasó. También para ellos.