Hoy 
JUAN D. COTES MORALES
Deseo referirme al Ministerio Público como garante del estado de derecho, encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad, de la puesta en marcha del ejercicio de la acción pública y de proteger a las víctimas y a los testigos.
Esencialmente y por definición literaria es la representación de la ley y de la causa del bien público ante los tribunales de justicia, mientras que la doctrina lo considera como órgano de comunicación entre el gobierno y los tribunales de justicia que tiene por misión promover la acción de la justicia.
Esto es así y debe ser siempre así hasta que no se advierta que está envuelto y respira por todos los poros la fragancia de los delitos inultos.
Según la distinguida jurista mejicana, doctora Olga Islas de González Mariscal, los problemas propios de la justicia penal han sido planteados y atendidos de manera fragmentaria e incompleta y, en muchos aspectos, hasta en forma unilateral; no se ha tomado en cuenta la heterogeneidad de la población, la marginación, el analfabetismo, la acultura y, las cada vez mayores desigualdades sociales. Por tales razones, no se logran los avances que la sociedad reclama.
Según Porte Petit, al pueblo no le interesa tanto la perfección de la norma, le interesa que haya justicia. La devoción suprema de los hombres, es por la justicia. Hoy el mundo en su desarrollo tecnológico y material, avasalla, doblega, esclaviza y destruye al ser humano. Ya no interesan el hombre, el derecho y la justicia. El afán de riqueza y poder genera violencia, delincuencia y corrupción.
Tenemos reforma judicial con reformas procedimentales. Y si se quiere, ampliar, como dicen algunos, reformas procesales. Esto no significa sustitución del código. Esto impone hacer lo que el código manda. No cambiar la ley para luego incumplir lo que ordenan las normas nuevas que, evidentemente, no harán otra cosa que lo mismo que disponen las actuales.
Desgraciadamente, se nos ha querido imponer la idea de un nuevo código como panacea para obtener paz social, seguridad jurídica, es decir, justicia.
El Código Procesal es un árbol que impide ver el bosque. Ya lo tenemos, pero la administración de justicia no se ha asentado porque no se lo ha permitido la complejidad de los trámites y el burocratismo, la arbitrariedad, la violación de las garantías individuales, la ineficiencia, la falta de capacidad y la conducta indiferente, prepotente y desatenta de los servidores públicos; la fragancia de la impunidad, las obsolescencias de que tanto se habla, la corrupción y otros muchos factores que generan una desconfianza muy grande.
Al Ministerio Público, fiscal de siempre, empírico, utópico y romántico representante de la sociedad, juez de la querella, investigador, jefe de la investigación y de la policía técnica judicial, desde el tiempo de las reformas se le está administrando en el cáliz una cicuta multidisciplinaria para que se ahogue en la sangre de una formación y capacitación adecuada que le obliga a sujetar sus actuaciones estrictamente a criterios de transparencia, eficiencia y eficacia para hacerle saber al final, que para ser posible una mejor administración de justicia, los representantes del Ministerio Público serán sujetos de responsabilidad penal, civil y disciplinaria de conformidad con las normas legales correspondientes.
Me da mucha pena, tanta, que se me estruja el alma saber cómo se ha vejado, maltratado, humillado y vilipendiado a muchos representantes del Ministerio Público reprobados en los exámenes demoníacos que les presentaron para que compitieran con los durlines y jabardillos que la Suprema Corte de Justicia tiene en la Escuela de la Judicatura, adaptándose a sus propias comodidades hasta que hayan almacenado bastante conocimiento y estén aptos para combatir el síndrome de Penélope: hacer hoy y deshacer mañana.
