La cuestión eléctrica se ha convertido en un verdadero calvario para el comercio, para la industria, para las pymes, para las familias, para el Gobierno y para la sociedad en general. Este calvario se lo debemos los dominicanos al célebre modernizador que durante el período 1996-2000 dirigió el país y tuvo la infeliz ocurrencia de capitalizar las empresas públicas. Una sola empresa, la CDE, la dividió en no se sabe cuántos pedazos. L

a misma Corporación Dominicana de Electricidad fue ampliada, contrató más personal a pesar de que sus tareas eran menores, teóricamente las de una tenedora de acciones. Se creó una Superintendencia de Electricidad, un infuncional Organismo Coordinador, tres distribuidoras eléctricas, se transformó la Comisión de Energía, una entidad nueva para manejar las hidroeléctricas y, por supuesto,  aparecieron varias compañías para manejar las generadoras que antes eran manejadas desde la CDE.

Esta es una de las grandes obras del modernizador que pretende convencer a este país de sus cualidades como administrador del Estado. ¿Cuánto ha costado en dinero ese desatino llamado la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad? ¿cuántos millones de dólares de subsidio han tenido que invertir en ese esperpento los contribuyentes dominicanos? ¿cuántas oportunidades de buenas y útiles inversiones se han perdido por nuestra deficiencia eléctrica? El modernizador empeoró la generación y el suministro eléctrico con su mentada capitalización, y también le ha hecho un hoyo insondable a la economía dominicana.

Este sistema eléctrico que tenemos, esta pérdida de dinero en subsidios y este mosaico innecesario de entidades eléctricas responden al esquema del mismo modernizador que llenó la administración pública de comisiones y ministerios albergadores de una burocracia de tinte partidario. Este hecho, esta capitalización del sector eléctrico, es responsable, en gran manera, de esta insensible carga tributaria que las nuevas autoridades -peledeístas, por supuesto- han echado sobre los hombros de los contribuyentes dominicanos.