Aunque sabemos lo socioeconómicamente costoso de la corrupción, el FMI señala que en ingresos fiscales mundiales cuesta un millón de millones, incluyendo a todas las naciones con independencia de sus niveles de desarrollo, bienestar y cultura institucional. Si se combatiese consecuentemente, por unos y otros, estarían esos recursos disponibles para enfrentar prácticamente todos los males sociales que nos aquejan. Los gobiernos encontrarían mayor confianza popular. El informe afirma que entre “las economías avanzadas, un país que se encuentra en el 25% superior en términos de control de la corrupción, recauda un 4,5% más del PIB en ingresos, en promedio, que un país en el 25% más bajo. La brecha en la recaudación de ingresos es 2,75% del PIB entre las economías de mercados emergentes y 4% del PIB entre los países de bajos ingresos».
Diversos estudios muestran aspectos generalmente menos expuestos sobre la percepción de la corrupción. Empresas que esperan que les pidan un soborno: México y Perú 17.6%; Paraguay 13.8%; RD 12.3%; Brasil 11.7%; Venezuela 10.3% y Argentina y Bolivia un poco más de 9%. De los países en que ese indicador es menor están Chile con apenas 1.3%, Uruguay con 2.4% y sorprenden por la percepción que se podría tener dado sus niveles de pobreza y criminalidad, Guatemala y El Salvador, con 2.8% y 4.2% respectivamente. Al tomar en consideración a los individuos a quienes un policía les solicitó soborno la información muestra como casos más pronunciados: Bolivia, 28.5%; México, 23.8%; Paraguay, 21%; Venezuela 19%; Perú 18.6%; RD 17.5% y Guatemala 16.8%; en tanto los casos más leves se encuentran, nueva vez, en Chile con 2.3%; Uruguay 2.9%; Costa Rica 4% y se posiciona bien a pesar de sus niveles de violencia El Salvador con 4.8%. Otro indicador, los niveles de justificación de la corrupción por las personas muestra niveles relativamente altos en varios países con RD en la cúspide con 29.8%; Ecuador 27.2%; Honduras 25.8%; Panamá 25.6%; México y Nicaragua con 23.6%; Bolivia 20.2% y Colombia y Paraguay con algo más del 18%. Comparativamente, los niveles de justificación más bajos se encontraron en Uruguay con 10.1%; Argentina y Venezuela 10.4%; Brasil 11% y El Salvador 12%. Contradictoriamente con los índices anteriores nos topamos con Chile con un relativamente alto nivel de justificación de un 16.7%.
“La corrupción – dice uno de los estudios – puede ser entendida como un impuesto, particularmente gravoso, sobre la pobreza individual y la precariedad empresarial: elimina la igualdad de acceso a los recursos públicos y facilitar las cosas a las personas que pueden permitírselo”; además la califica “sobre todo una manera de garantizar acceso privilegiado a los recursos públicos, al fin y al cabo. Y qué lugar mejor para hacerlo que allá donde estos son más escasos…”. Para combatirla los instrumentos y las leyes existen pero hay que fortalecer las instituciones, transparentar y supervisar consecuentemente, profesionalizar la administración pública para acorralar el clientelismo para que el Estado deje de ser una mina de enriquecimiento. Además simplificar las reglas fiscales y reforzar los códigos comerciales y, por supuesto, elevar educación y cultura.