La zona urbana no sólo ha crecido desmesuradamente, sino que lo ha hecho de manera desordenada. Esa circunstancia, sumada a la falta de autoridad, ha dado como producto el caos que tenemos en todos los órdenes. Aquí cualquier hijo de vecino puede salir como un bólido en su vehículo a violar la ley de tránsito, provocar muerte y lesiones, como ocurrió el miércoles de la semana pasada en la avenida Abraham Lincoln, y luego darse a la fuga. Ninguna autoridad frena estos desmanes.

Los conductores, sobre todo los de vehículos del transporte público, son una amenaza para la integridad de los ciudadanos y pueden violar cuantas reglas se les antoje, pero las autoridades pasan eso por alto. Los turnos de servicio en el transporte público pasaron a la historia, y cualquier dueño de carro privado “se la busca” transportando pasajeros. Las paradas de autobuses están donde se le antoja a los sindicatos, en pleno casco urbano, y las autoridades las protegen.

A cualquiera se le ocurre construir y tomar media calle para depositar materiales y desechos. Diversos tipos de negocio son improvisados en las aceras y a las autoridades poco les importa. Tenemos todas las leyes necesarias para vivir en orden, pero el déficit de autoridad impide que la ley funcione. El caos urbano es, desde todo punto de vista, una mayúscula vergüenza.

¿Estado de derechos?

Ningún ciudadano que haya caído bajo control de la autoridad puede desaparecer sin dejar rastro y sin que a la sociedad se le den explicaciones satisfactorias sobre la situación. Sin embargo, eso ocurre en nuestro Estado de derechos. La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, ofrece RD$100 mil por datos sobre el paradero de Randy Vizcaíno, el joven que desapareció después de haber sido apresado por policías adscritos al destacamento de Los Frailes.

Las desapariciones de ciudadanos a partir de una captura por autoridades tiene antecedentes muy penosos, como son los casos del profesor universitario Narcizo González y el de Juan Almonte, un hombre acusado de secuestro y que cayó en manos de autoridades. El común denominador en todo esto es que el Ministerio Público se ha limitado a guardar silencio ante estas ocurrencias repugnantes, impropias en un Estado de derechos.