POR ANASTASIA MOLONEY
En Bogota
Para un hombre responsable de poner a criminales d Guerra y políticos corruptos detrás de las rejas, Mario Iguarán, el fiscal general de Colombia, y acusador principal, parece estar apaciblemente confiado, mientras se relaja en un sofá de piel en sus oficina-búnker de Bogotá

La ligera estatura de Iguarán contrasta con la tarea colosal que él y su equipo de 20 magistrados principales enfrentan, de procesar los miles de delitos y violaciones cometidos por los grupos paramilitares de derecha durante más de dos décadas de violencia en Colombia.

Él y su familia están protegidos por 60 agentes de la seguridad, y se refiere a sus oficinas centrales protegidas como el búnker. Él viaja en un convoy de vehículos armados y tres patrulleros.

El nivel de protección es un testimonio de lo sensible que resulta su trabajo. en meses reciente, las revelaciones de vínculos entre los paramilitares y políticos de Colombia han afectado a ministro de Relaciones Exteriores del país, su jefe de inteligencia y aliados del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, Iguarán confía en el valor del trabajo. Depende de nosotros garantizar que los colombianos sepan la verdad, dice al Financial Times.

La justicia y la ley de paz, bajo las cuales se están desarrollando las investigaciones, ofrecen a los jefes de las milicias una sentencia de prisión máxima de ocho años e inmunidad para ser extraditado hacia Estados Unidos a cambio de su desmovilización y confesión de sus crímenes.

Como resultado, por primera vez en la historia de Colombia, 57 jefes paramilitares se encuentran ahora en prisión en espera de juicio, además de estar en celdas suntuosas con acceso al Internet, y chefs de cocina personales

Cualquier día, Iguarán pudiera tener que cambiar su traje por overoles y saltar al fondo de una tumba masiva. Su oficina es la responsable de localizar los sitios de inhumación por toda la Colombia rural. Se estima que más de 2,500 cadáveres todavía esperan ser examinados.

La oficina del fiscal general también enfrenta la complicada tarea de escudriñar y verificar las pruebas presentadas por las víctimas de los paramilitares. Se estima que unos 42,000 civiles han sido víctimas de estos grupos desde la década de 1980.

Sin embargo, Iguarán admite que su oficina carece del personal y los recursos necesarios para filtrar el enorme volumen de pruebas, y necesita más antropólogos y científicos forenses para excavar las tumbas masivas.

Uribe e Iguarán están en Washington esta semana, ambos buscando financiamiento par alas investigaciones del fiscal general, las investigaciones y las acciones judiciales y la paz.

Las milicias ileales, alimentadas por el tráfico de drogas, se convirtieron y desarrollaron como organizaciones estilo mafia, que desataron el terror por toda Colombia, mientras intentaban, con resultados mixtos, derrotar a las guerrillas izquierdistas.

Mientras Iguarán analiza los procesos judiciales en términos legales secos, escaleras abajo, en el búnker, un ex jefe paramilitar, Manuel de Jesús Pirabán, alias El Pirata, ofrece su testimonio ante dos magistrados.

Mientras los magistrados continúan interrogando a los ex jefes paramilitares que están detenidos, Iguarán sigue adelante con las investigaciones del escándalo de los llamados para-políticos, que vincula a políticos y funcionarios estatales con grupos paramilitares.

hasta ahora, la investigación del fiscal general ha conducido al encarcelamiento de ocho legisladores pro-gobierno y más recientemente, a seis alcaldes. Lo peor es que Jorge Noguera, el ex jefe de la agencia de inteligencia de Colombia, estuvo preso temporalmente y puesto en libertad por tecnicismos legales. Cuando se le preguntó si podría ser arrestado nuevamente, Iguarán, movió su cabeza tentativamente.

Es probable que haya más políticos implicados, en la medida que el fiscal general amplía el radio de sus investigaciones, y mientras los grupos de oposición mantienen el debate en el Congreso. Todo esto amenaza con aproximar cada vez más el caso para-políticos a las puertas del palacio presidencial.

El escándalo implica a varias multinacionales, incluyendo una compañía bananera de EEUU, que pagó una multa de US$25 millones (18 MM, £12 MM) por haber pagado a grupos paramilitares dinero para la protección. Los ejecutivos de la compañía comprobados culpables enfrentan una orden de extradición a EEUU-

Considerando que un grupo armado ilegal se desmovilizó y que la justicia y la verdad son posibles, yo creo que debemos mirar al futuro con optimismo, dice Iguarán.

VERSIÓN AL ESPAÑOL DE IVÁN PÉREZ CARRIÓN