En un juicio que ha capturado la atención de la nación, Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del Ejército y testigo clave del Ministerio Público, ha revelado detalles impactantes sobre el entramado de corrupción en los casos Coral y Coral 5G. En su declaración, Girón describió cómo inició su participación en esta red corrupta en 2005, mientras trabajaba como asistente de nóminas en la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

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La red de corrupción

Girón Jiménez señaló a varias figuras prominentes, incluyendo al mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); Julio Camilo de los Santos Viola, subjefe de dicha institución; Juan Carlos Torres Robiou, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); y Rafael Núñez de Aza, coronel de la Policía Nacional y gerente financiero de Cestur. Según Girón, estos oficiales incurrían en gastos exorbitantes, adquiriendo propiedades y vehículos de lujo con fondos desviados de las instituciones que dirigían.

La estrategia utilizada por la red incluía el nombramiento de policías y militares que no realizaban labor alguna, pero que devolvían la mayor parte de sus salarios a la red. Además, se cobraban cuantiosas sumas por ascensos y especialismos, que es un incentivo adicional al salario de los policías y militares.

La declaración de Girón

Girón describió la presión constante que enfrentaba para generar dinero para la red, mencionando específicamente a De los Santos Viola y a Guillermo Torres Robiou. Afirmó que el entonces director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista, había expresado su frustración con la venta de especialismos, pero que esta práctica continuó bajo la supervisión del mayor general Adán Cáceres y otros altos oficiales.

Durante su defensa material en el juicio, Girón declaró que su intención no era perjudicar a nadie, sino defenderse y demostrar la culpabilidad de aquellos que afirmaban no tener relación con los hechos.

El impacto y la lección

El Ministerio Público acusa a casi treinta militares y policías de defraudar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de Cestur y Cusep. Este escándalo no solo revela la profundidad de la corrupción en las altas esferas de la seguridad y la defensa, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en estas instituciones.

Este caso nos recuerda que la integridad y la honestidad son valores esenciales, especialmente entre aquellos que tienen la responsabilidad de proteger y servir a la sociedad. Como dice el proverbio 19: «Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El testigo falso no quedará sin castigo; el mentiroso tampoco escapará». Las acciones de unos pocos pueden causar un daño significativo, pero la verdad y la justicia eventualmente prevalecen.

En última instancia, este juicio subraya la importancia de fortalecer las instituciones y asegurar que aquellos en posiciones de poder sean transparentes y responsables, para prevenir futuros actos de corrupción y restaurar la confianza pública en nuestras fuerzas de seguridad.