MANUEL QUIROZ 
El proceso que se desarrolla en Brasil con el sonado caso Lava Jato para combatir la corrupción corporativa, o sea la que se planifica en instancias empresarias en connivencia con sectores oficiales, ha sentado un precedente en la lucha contra el flagelo y enviado una clara señal de advertencia a quienes estén tentados a nuevas defraudaciones al Estado en esa y otras naciones del continente.
Las connivencias en ese campo son viejas en América Latina, donde adquieren diversos mecanismos y modalidades, principalmente a través de los ocultos aportes empresariales a las campañas electorales para apoyar a determinados partidos y candidatos, pero llama poderosamente la atención cómo en Brasil ha tomado dimensiones y consecuencias nunca antes registradas en el hemisferio.
En medio de un proceso que es seguido de cerca por otras naciones, ya que la corrupción es un fenómeno global y su combate busca transparentar el uso de recursos públicos, en el caso brasileño los efectos han sido hasta ahora desastrosos para su economía, atada a una baja del PIB durante dos años continuos, lo que no acontecía desde 1930.
Tal como comentara en un reciente artículo Guido Nejamkis, ex corresponsal de la agencia Reuter en Brasil, citando opiniones de dos economistas con experiencias en escándalos corporativos, la caída de dos puntos porcentajes en la séptima economía mundial es atribuida en gran medida a la forma en que el juez federal Sergio Moro ha conducido las pesquisas en torno a la Operación Lava Jato.
El objetivo del señalamiento no es que la investigación judicial se suspenda, pues sería el fracaso de una lucha que debe ser firme y constante en defensa del patrimonio público, vale decir de los ciudadanos que nutren el erario con sus contribuciones impositivas, sino más bien advertir la necesidad de que se preserven las empresas y los inversores, castigando en términos individuales solo a ejecutivos y propietarios que han actuado por la libre con prácticas perversas y desleales mediante sobornos en combinación con entes estatales como Petrobras.
De esta forma Nejamkis, quien es además director de la agencia Brasil 247, se identifica con las inquietudes de los economistas Gesner de Oliveira y su socio Fernando Marcato, quien participó como asesor del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el llamado caso Siemens, considerado uno de los mayores escándalos corporativos de la historia.
Para ilustrar el contradictorio impacto que Lava Jato ha tenido, se señala la frustración en la autoestima nacional, la pérdida de confianza de parte de los inversionistas y un marcado retroceso en los avances logrados a partir del fortalecimiento democrático que comenzó en 1985 y que había convertido a Brasil en un referente digno de emular en Latinoamérica.
La gran lección a considerar es que en un mundo globalizado donde la inversión extranjera es vital para el desarrollo de pueblos y naciones, especialmente las de menos pujanza económica, se debe actuar con cuidado en el tratamiento y ventilación de cualquier caso que pueda tener incidencia en los capitales foráneos o en la operación de sus empresas.
La tesis enarbolada en ese sentido no aboga por ignorar esos casos, sujetos siempre a los dictámenes de la justicia y los tribunales siguiendo los debidos procesos de ley, sino a evitar que la acción perjudique las operaciones de las compañías, cuando en realidad se trata de asuntos de la responsabilidad personal de sus ejecutivos.
Nejamkis se formula una serie de interrogantes que aún no han tenido respuesta y que mueven a suspicacia, entre ellas ¿por qué el proceso de Lava Jato se conduce con cierta selectividad, premiando la delación que compromete a determinados políticos, mientras no se enfoca a fondo en los pejes gordos del lado de Petrobras, los que posibilitaron la multimillonaria distracción de fondos?
