La rescisión, por parte del Gobierno, del controvertido contrato entre el Estado dominicano y la firma canadiense Sun Land es un ingrediente que no debería tener ninguna influencia en cualquier decisión que se produzca en torno a procedimientos canalizados a través de instancias del Poder Judicial.

Este punto de vista tiene su fundamento en el hecho de que el incumplimiento que se le atribuye a la firma extranjera para justificar la rescisión es un hecho posterior a la existencia del contrato y los procedimientos de que se valieron las partes para materializarlo.

La decisión del Gobierno, sorpresiva por demás, no deshace el compromiso inicial ni diluye las denuncias hechas por sectores de la sociedad sobre procedimientos de contratación que serían violatorios de la Constitución de la República.

La Suprema Corte de Justicia está apoderada de una instancia que reclama la dilucidación de la constitucionalidad de los métodos para hacer la contratación, entre otras cosas porque el contrato resultante no fue sometido a la consideración del Congreso.

Hay un una acción judicial en marcha que debe llegar hasta las últimas consecuencias, a pesar de que un acto de indelicadeza del Ministerio Público ha privado a la Suprema Corte, al menos por el momento, del dictamen que necesita para continuar su labor.

 II

Nuestra posición obedece a que en los últimos tiempos mucha gente parece empeñada en ponerle sordina a las denuncias sobre el caso Sun Land.

Primero fue el silencio, después las aclaraciones del Gobierno tratando de justificar el procedimiento, más adelante la posición política del partido en el poder, después las declaraciones del procurador Radhamés Jiménez Peña y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para solo citar unos pocos, son expresiones de ese interés por silenciar este caso.

Desde hace mucho tiempo, los contribuyentes de este país son irrespetados por los gobiernos, que comprometen recursos del erario en asuntos no siempre transparentes.

Hace algún tiempo, otro contrato con la Sun Land para abastecer de equipos a la Policía fue denunciado como leonino para el Estado, debido a los altos costos cotizados por la firma en cuestión.

Sería interesante que alguna instancia con autoridad disponga una revisión de todos los contratos intervenidos por el Estado Dominicano con firmas locales y extranjeras que hayan sido logrados con modalidades inusuales o que se apartan de las reglas de juego.

El país ganaría mucho si lograra que el ejercicio del poder tenga que acogerse a las pautas que moderan el Estado y si el principio de la transparencia fuera una constante en la administración de los intereses del país.

Un contrato, como el de la Sun Land o cualquier otro, puede ser denunciado, rescindido o anulado a conveniencia de las partes, pero su existencia, los medios que permitieron lograrlo y sus consecuencias no se diluyen con la rescisión.

Al Gobierno y a la sociedad debe satisfacerles que haya sido rescindido este contrato por las causas que invoca el sector oficial. En la misma medida, la dilucidación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este contrato es absolutamente necesaria para sentar las bases hacia un estado de cosas en que domine la transparencia.