JOSÉ ALEJANDRO AYUSO
Según la ya célebre dicotomía del doctor Andrés Oppenheimer en su último libro Cuentos Chinos (2005), unos países son captacapitales y otros espantacapitales, poco importa la ideología de derecha, de izquierda o manca (como decía la revista Cachafú) que profese el partido gobernante. (Y prueba de esto es que China está recibiendo más inversión extranjera que los 32 países latinoamericanos y del Caribe todos juntos).

Al respecto, el país se dotó en 1995 de una moderna legislación en la cual el Estado Dominicano reconocía “que la Inversión Extranjera y la transferencia de tecnología contribuyen al crecimiento económico y al bienestar social del país, en cuanto favorecen la generación de empleos y divisas…”.

También  igualaba los derechos y obligaciones de nacionales y foráneos en esta materia, lo que eliminaba una irritante discriminación que llegó a espantar en 1996 empresas como la norteamericana Dole y su operación de piñas frescas en Monte Plata, ni hablar de otras que no se les ocurría venir a un país bajo ese tipo de reglas y con una administración pública inepta y arbitraria. En términos de imagen para atraer nuevas inversiones, al país le costó mucho recuperarse de la abrupta partida de la Dole, como bien sabe el Presidente a la sazón y actual Leonel Fernández.    Si bien esta ley 16-95 establecía un marco jurídico mínimo para atraer el inversionista extranjero, durante las últimas décadas el país también negoció y firmó decenas de acuerdos binacionales y multilaterales de protección recíproca de inversiones y para evitar la doble tributación a las empresas que traían sus capitales y su tecnología al país.

Por igual se creó una institucionalidad en la materia y se trabajó en mejorar el clima de negocios, lo que apuntaló desde el 1996 una ofensiva diplomática a nivel de Presidente de la República que aún viaja por todo el mundo pregonando las bondades de invertir en el país dominicano, y no en los vecinos que compiten por las mismas inversiones.

De acuerdo a las cifras oficiales que ofrece el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), la inversión extranjera directa creció en 79.8% en el año 2005 con relación al 2004, al pasar de US$ 649.7 a US$1,167.95 millones, siendo los sectores de turismo (US$544.4) y de telecomunicaciones (US$260.0) los que más han aportado al incremento de esta cifra que representa “el retorno de la confianza de los inversionistas extranjeros en el clima de negocios del país”. 

En cuanto a los países de origen de las inversiones registradas, siempre según datos del CEI-RD, Estados Unidos se mantiene en primer lugar con inversiones ascendentes a US$336.0 millones, que corresponde a un 28.77 del total de inversiones registradas, seguido por España que presenta inversiones por el orden de US$293.0 millones, en su gran mayoría en el sector turismo.     

En este contexto, el gobierno pasado logra que el país negocie su incorporación al TLC con Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA), mucho por la presión de ese paraíso fiscal y logístico para la inversión que constituyen las Zonas Francas de Exportación. Para brindar mayor seguridad jurídica y claridad en la normativa a la inversión en el país, este tratado de libre comercio consolida el acceso al mercado norteamericano que nos brindaba de manera concesional la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, a la vez que precisa algunas normas legales existentes sobre trato nacional, expropiación e indemnización y transferencias de capital. 

Sin embargo, como dice la sabiduría popular: lo que este gobierno hace con las manos para ser un país “captacapitales”, lo desbarata con los pies, a propósito de la controversia pública por cobro de impuestos que opone a la Dirección general de Impuestos Internos (DGII) a una de las empresas de inversión extranjera con mayor tradición de servicio al país como lo es Verizon, antes Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel). Me explico.   

Para nadie es un secreto la voracidad tributaria que ha caracterizado este periodo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un impresionante aumento de los impuestos a través de dos parches tributarias que le han quitado más de 54,000 millones de pesos  a  los bolsillos de los contribuyentes reduciendo su ingreso disponible. Y ya sabemos que está en camino un tercer remiendo tributario porque el gobierno no cuenta con recursos suficientes para el gasto corriente en nómina supernumeraria, propaganda y publicidad hasta por los codos, y la construcción de un sistema de transporte que entierra la ciudadanía en la insalubridad y la ignorancia.

En este estado de necesidad por más ingresos llega la noticia de que Verizon, una empresa estadounidense, recibió una propuesta de compra por parte de América Móvil, la cual para consumarse debe obtener la aprobación previa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) por tratarse de un sector regulado como el de las telecomunicaciones. Y es en ese momento cuando comienza la vía crucis por defraudación fiscal que, este gobierno le hace pasar a una empresa que en los últimos 5 años, a través de su subsidiaria dominicana, ha pagado más de 22 mil millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta.  

Lo primero que hace la administración tributaria es reclamar el pago de impuestos por ganancias de capital a una operación que no se ha cerrado, lo hace sobre supuestos errados y, lo que más grave aún, sin una fase previa que garantizase el derecho de defensa y en franca violación de las normas  que garantizan el debido proceso administrativo y la protección de los derechos fundamentales de las empresas y las personas físicas que la DGII involucró en este ilegal cobro de impuestos.    

Al notar que la avidez de ingresos “a como dé lugar” es la norma tributaria en este gobierno, Verizon se convence de que utilizar los recursos administrativos a su alcance era llover sobre mojado. Por esta razón y para defender su posición ante una instancia imparcial es que recurre ante los tribunales dominicanos, específicamente el Tribunal Contencioso Tributario que hoy conoce el caso.     

Sin embargo, el gobierno ha desplegado una costosa e impresionante campaña mediática para no sólo intentar “justificar lo injustificable” desde el punto de vista técnico-legal, sino también para presionar burdamente a los magistrados que conocen el asunto para que emitan un fallo favorable a un falso interés nacional. En esta tesitura se hace pública una comunicación de congresistas estadounidenses que consideran impropio el cobro a Verizon, y en la que se manifiestan preocupados al considerar que la acción contra esa empresa “parece ser inconsistente con el estímulo a la inversión extranjera y la adhesión al imperio de la ley que respalda el espíritu del DR-CAFTA”.

A los que animados por un sentimiento patriótico claman injerencia en los asuntos internos, sería bueno recordarles que en esta “tierra plana y global” es legal y es legítimo proteger los intereses de los nacionales en el extranjero, ya sea personas físicas o empresas, donde quieran que éstos se encuentren. Lo que no es ni lo uno ni lo otro es violentar las normas que garantizan el debido proceso administrativo para hacer reclamaciones de impuestos con maniobras de terrorismo administrativo, amparados en argumentos que no resisten una sentencia judicial apegada a la ley. 

Mientras más de más de 20 transacciones corporativas del mismo tipo que se han producido en el país en los últimos años constituyen el precedente que confirma la posición de Verizon, la variable a despejar es si el gobierno de turno “hace patria” cuando cambia las reglas de juego y atenta contra los capitales y la tecnología que han de sacar la nación del subdesarrollo humano. Peor aún, si son patriotas los funcionarios públicos que en un mundo cada vez más ancho y ajeno consienten en que el fin justifica los medios. 
jayuso@verizon.net.do