Un reciente estudio titulado “Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela”, revela datos concretos que deben ser conocidos para decir qué ocurre en realidad en la República Bolivariana de Venezuela. Sus autores son nada más y nada menos que el Dr. Jeffrey Sachs (uno de los más importantes economistas de Estados Unidos, profesor en las universidades de Columbia y Harvard, alto funcionario de Naciones Unidas y ex asesor del presidente Bill Clinton) junto al Dr. Mark Weisbrot (economista y director del Centro de Investigación en Economía y Políticas, radicado en Washington D.C.).

Sachs y Weisbrot analizan el impacto de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el gobierno norteamericano, desde que el 25 de agosto de 2017 el presidente Donald Trump emitiera la Orden Ejecutiva 13808.

Luego de leer el informe queda claro cómo, a partir de esta imposición unilateral de la Administración Trump, fueron sucediéndose una serie de sanciones financieras y comerciales destructivas para el Gobierno de Venezuela, las cuales han afectado a millones de ciudadanas y ciudadanos. Esto sin contar las presiones mediáticas y la pretensión de imponer un “gobierno paralelo”, desconociendo las últimas elecciones y lo que dicta la Constitución de ese país.

Las sanciones contra Venezuela comenzaron en realidad bajo la Administración Obama, pero este estudio en particular indica cómo las sanciones de agosto de 2017 “prohibieron al Gobierno venezolano pedir préstamos en los mercados financieros de Estados Unidos. Esto evitó que el Gobierno pudiera reestructurar su deuda externa, ya que cualquier reestructuración de deuda requiere la emisión de nuevos bonos a cambio de la deuda existente.”

De igual modo, a la anteriormente mencionada Orden Ejecutiva de 2017 se sumaron los efectos de la Orden Ejecutiva 13857 de 2019, la cual contribuyó sustancialmente al daño económico y la duración de los cortes de energía, incluida la severa crisis eléctrica del pasado marzo.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) —una encuesta anual sobre las condiciones de vida llevada a cabo por tres universidades venezolanas— hubo un aumento del 31% en la mortalidad general entre 2017 y 2018. Esto hace sentido con los datos del estudio, ya que “uno de los impactos más importantes de las sanciones, en términos de sus efectos en la vida humana y la salud, es encerrar a Venezuela en una espiral económica descendente.”

Las conclusiones del informe son coherentes con lo dicho por personalidades como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero: “las fuerzas externas radicales no quieren un acuerdo en Venezuela (…) donde las sanciones han sido nefastas: sólo han perjudicado a la ciudadanía y a las empresas de los venezolanos, de la mayoría que se ha quedado”.

Estas sanciones son ilegales y violan el Derecho Internacional. La propia Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en los artículos 19 y 20 del Capítulo IV, establece el principio de no intervención. Se han vulnerado también las leyes norteamericanas, ya que para imponer sanciones de este tipo, la Ley de Emergencias Nacionales de 1976 obliga a que Estados Unidos declare oficialmente que sufre una “Emergencia Nacional”, y demuestre que la misma ha sido creada por Venezuela. Tampoco se ha cumplido el protocolo establecido para declarar arbitrariamente una “crisis humanitaria” en Venezuela.

La llamada “Operación Libertad”, con sanciones económicas ilegales, el golpe a la Constitución y la opción militar “sobre la mesa”, jamás podrán ser un camino a la paz, la recuperación económica, la democracia y el disfrute de los derechos humanos en Venezuela.