¿En qué está Indotel? La pregunta no cae del cielo. No después de que dos jóvenes fueron asesinados, en una misma semana, para despojarlos de sus celulares, una práctica delictiva que sencillamente ocurre porque las autoridades han faltado a su responsabilidad de impedir que los celulares de dudoso origen sean activados. De hecho, la cosa es todavía peor; han permitido que proliferen, a la vista de todo el mundo, los negocios de compra-venta y activación “clandestina” de celulares robados, estimulando así una demanda que, como ocurrió con el joven ingeniero Luis Medrano y el prospecto del béisbol Víctor Diomer Liriano Medina, con demasiada frecuencia termina en lamentables tragedias. El jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, se queja de que las sanciones que imponen los jueces a los que son sometidos a la justicia por ese delito son demasiado benignas, pero lo cierto es que si los ladrones no tuvieran el incentivo de poder activarlos sin ningún problema no estaríamos hoy lamentando la pérdida de dos vidas jóvenes y valiosas. La solución –impedir la activación para quitarle el incentivo a los ladrones– parece bastante simple, pero estamos en República Dominicana, donde por ser la indolencia una política pública todo se complica. Aún así, el experto en tecnología Hiddekel Morrison plantea que la solución al robo de celulares, con lo que evitaríamos –hay que recalcarlo– las muertes que traen como consecuencia, está a la mano; basta con poner en vigencia una resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que plantea la necesidad de una base de datos centralizada de las identidades de los equipos móviles. “Esto garantizaría que cuando un ladrón se robe un celular no pueda activarlo de ninguna manera. Lamentablemente, eso se aprobó pero no se ha hecho”. ¿Cuántos ciudadanos más deberán morir para que Indotel se decida a cumplir con su responsabilidad?