Hoy 
El Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) propondrá en la cumbre del 28 de este mes que se posponga el conocimiento de la reforma constitucional en la Asamblea Revisora, reveló ayer el padre Mario Serrano, director del Centro Bonó.
A su salida de una reunión del CESI, Serrano informó que ese organismo planteará en la cumbre que se prioricen los temas que demandan atención urgente del gobierno y de la sociedad, en el transcurso de los tres meses, tales como la productividad y empleo, la situación eléctrica, la educación, la salud y seguridad social, la seguridad ciudadana, migración y la transparencia y la corrupción.
Asimismo, señala que la profundidad de la crisis económica ha evidenciado la necesidad de atender determinadas urgencias, lo que hará necesaria la revisión y eventualmente la reformulación del Presupuesto Nacional aprobado.
En la reunión de ayer celebrada en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el CESI, que preside monseñor Agripino Núñez Collado, elaboró un documento preliminar que será presentado a los integrantes del pleno para la cumbre por la Consolidación y Ampliación de la Gobernabilidad, Sostenibilidad Macroeconómica y Desarrollo Económico Social del País.
En el preámbulo la entidad definió la estabilidad macroeconómica y sus condicionantes como el eje transversal para todos los temas, fundamentado en que la experiencia empírica demuestra que sin la preservación de la misma ninguno de los objetivos mencionados a continuación podrían alcanzarse con eficiencia y oportunidad, ya que los desequilibrios que existieron en décadas anteriores fueron los causantes de la desarticulación de la economía mundial y de su impacto negativo en lo social e institucional.
Miembros de la CESI. Integran ese organismo, entre otros, el Conep, Copardom, CNUS, CASC, CNTD, la Conferencia del Epicospado Dominicano, el Codue, Adoexpo, Asonahores, Adozona, AIRD, AEIH, AEIHaina, la ADP, el CMD, la UASD, Intec, Copadeba, Anje, Finjus y el Centro Juan Montalvo.
Las claves
1. Condicionan participar
El Centro Bonó, el Centro Juan Montalvo y la ADP reiteran que el gobierno debe dar señales de que cumplirá con lo pactado en la cumbre, antes de que esa actividad inicie. Demandan entre otras cosas que se discuta la reforma constitucional en la cumbre y que se reformule el presupuesto.
2. Finjus lista
La Fundación Institucionalidad y Justicia tiene lista su propuesta con los puntos prioritarios para la cumbre, estos son: la seguridad ciudadana como una política pública, fortalecer el ministerio público para reforzar la lucha contra la criminalidad y la corrupción y mejoramiento del sistema de control de los actos del Estado.
Propuestas
El CESI plantea en lo económico incrementar significativamente la inversión en el sector agroalimentario y diseñar y ejecutar un plan de reconversión y modernización del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria; priorizar la inversión en infraestructura vial, reorientándola al desarrollo de los sectores turístico, agropecuario e industrial. Asimismo ejecutar una política de empleo productivo incrementando el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, aplicando de inmediato la ley de Mipymes.
Ampliar el programa solidaridad para incluir a los nuevos desempleados, resultado del cierre de empresas; conservar los empleos existentes y promover la creación de puestos nuevos de trabajo. Sobre la situación eléctrica plantea retomar la reforma del sistema eléctrico nacional, apoyada en el documento eléctrico del Conep, despolitizando dicho sistema, delimitando el rol y la participación estatal a un ente regulador del mismo y logrando una tarifa eléctrica competitiva y justa.
En educación plantea la asignación de las partidas presupuestarias establecidas para cumplir con el Plan Decenal de Educación 2008-2018, iniciando con la establecida para el 2009, ascendente a 2.8% del PIB. Priorizar la educación formal y la técnica profesional, asignando un mayor presupuesto del Estado. En salud y seguridad social una asignación de las partidas presupuestarias establecidas para cumplir el Plan Decenal de Salud, ascendente a 2.3% y 1% del PIB para salud y seguridad social.
