Después de cinco años, el chavismo retomará el martes, oficialmente, el control del Parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras, lideradas por Juan Guaidó, han declarado que extenderán sus funciones un año más, al considerar que las elecciones legislativas fueron un «fraude».

Tras obtener una amplia mayoría en unos comicios en los que no participaron los principales líderes de los partidos políticos opositores, los diputados del oficialismo se instalarán en la Cámara en medio de la incertidumbre del reconocimiento de sus decisiones por parte de los países que apoyan a Guaidó.

Además, el acto de instalación se celebrará a pesar de la cuarentena parcial que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, luego de implementar un mes de flexibilización en el que él mismo reconoció un leve incremento de los casos.

EL CHAVISMO CONTRA SUS ADVERSARIOS

La principal promesa del chavismo para este nuevo período legislativo, que termina en 2026, ha sido investigar a los actuales diputados opositores y actuar penalmente en su contra por, supuestamente, robar recursos del Estado venezolano.

El chavismo acusa a los diputados opositores de haber sustraído recursos de las empresas filiales de la estatal petrolera PDVSA en Colombia, y Monómeros, o Citgo en Estados Unidos, luego de que Guaidó, jefe del Parlamento hasta mañana, se proclamara en enero de 2019 presidente interino del país.

El líder opositor, que para entonces contó con el reconocimiento y el apoyo de más de cincuenta países, se declaró presidente debido a que Maduro ganó unas cuestionadas elecciones en las que no pudieron participar los políticos tradiciones de oposición por, entre otros elementos, estar inhabilitados para funciones públicas.

Desde ese momento, la disputa por el poder político en Venezuela, incluyendo al Parlamento, se acentuó y Guaidó prometió sacar a Maduro del poder y convocar a nuevas elecciones generales.

LAS CUESTIONADAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Sin embargo, después de dos años, el líder opositor no logró su objetivo y por mandato constitucional se celebraron, como correspondía, elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre para un nuevo período, aunque con una serie de trabas para los opositores tradicionales que denunciaron un fraude, incluso, antes de la celebración de los comicios.

Entre otras cosas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Legislativo, tal y como estipula la Constitución.

Asimismo, el máximo tribunal emitió una sentencia por la que inhabilitó a las directivas de los partidos opositores más populares y puso en su lugar a exmilitantes que habían sido expulsados por estar supuestamente vinculados a actos de corrupción del Gobierno de Maduro.

Por ello, los partidos políticos opositores sí formaron parte de los comicios, aunque sin sus principales figuras, y en respuesta el opositor Guaidó llamó a una consulta ciudadana cuyo éxito fue dudoso, tras la participación de 5.794.267 personas, es decir, 456.813 electores por debajo de los emitidos en las legislativas.

LA CONTINUIDAD DEL PARLAMENTO DE 2015

De la consulta, el opositor no habló más y en cambio convocó a una sesión extraordinaria del Parlamento para el pasado 26 de diciembre a fin de discutir la extensión de sus funciones, aún cuando la Constitución dicta que deben terminar en enero de 2021.

«La continuidad constitucional será ejercida (…) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021», dice el texto promulgado por la Cámara.

Esta continuidad, que, pese a la insistencia del opositor, no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora que fue escogida en 2015, y por Guaidó, según el documento aprobado ese día.

El acuerdo también establece que la AN funcionará a través de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar durante los recesos del Parlamento, con funciones limitadas e integrada por menos del 20 % del pleno.

Pese a la aprobación de este acuerdo, que no contó con el apoyo de partido más antiguo de Venezuela, Acción Democrática (AD), otro par de diputados como Marialbert Barrios de Primero Justicia (PJ) y Stalin González de Un Nuevo Tiempo (UNT), se han manifestado este lunes en Twitter dando gracias por su labor como diputados y por el «cierre» de un ciclo.

La prolongación de funciones, sin embargo, fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, al mismo tiempo, no es reconocido por el Parlamento liderado por Guaidó, aunque en la práctica, en el país, la institución que termina teniendo validez es el máximo tribunal que es acusado de ser afín al Gobierno.

Venezuela inicia así un nuevo período de disputa política en el que Guaidó mantiene la promesa de sacar del poder a Maduro durante este año, al mismo tiempo que el mandatario ha pedido a la nueva Asamblea que actúe para que sus adversarios sean procesados ante supuestos crímenes.