Pascual Cordero Martínez (El Chino), uno de los narcotraficantes más buscados en el país, fue apresado la noche del lunes en una clínica de la capital, adonde había ingresado por problemas de diabetes e hipertensión arterial.

Tras ser interrogado en la procuraduría de Antilavados, Cordero Martínez fue trasladado a Higüey donde ayer mismo se le conocería medida de coerción por un caso pendiente allí.

Es el quinto apresado de una lista de 18 presuntos cabecillas de redes internacionales de tráfico de drogas y sicariato contra quienes la Procuraduría General de la República dispuso orden de arresto y captura internacional, y a quien le calcula una fortuna de más de RD$300 millones.

La captura de Cordero Martínez fue dada a conocer en una rueda de prensa encabezada por el procurador de Antilavados, Daniel Germán Miranda Villalona; el general de Brigada Ney Aldrin Bautista Almonte, director del Dicrim, y el general Eduard Sánchez González, director del Dican. La dirección Nacional de Control de Drogas no participó.

Otros quieren entregarse. Germán Villalona reveló que del grupo de perseguidos hay otros que envían a sus abogados a contactarlo, con la posibilidad de entregarse a las autoridades, pero no los identificó.

El expediente. A Cordero Martínez se le sindica como el cabecilla de una red integrada por dominicanos y peruanos que traía droga al país, principalmente en pantalones de doble fondo, y la procesaban en una finca de su propiedad, en Higüey, donde en 2014 las autoridades encontron cocaína base que sería convertida en líquida.

También se le acusa de haber pagado RD$300,000 a dos presuntos sicarios por el asesinato del exsargento de la Policía Reynaldo González de Jesús (Charly), hecho ocurrido en 2011 en el Ensanche Luperón de la capital.

Libertad condicional. Por este último caso a Cordero Martínez se le dictó prisión preventiva, y el 15 de marzo de ese año, el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Delio Germán, le varió la medida de coerción por una garantía económica de RD$4 millones, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica por ante el Ministerio Público.

Lo volvieron a requerir, pero esta vez por narcotráfico, y también le pusieron garantía económica.