El “Chino” condenado a 30 años por narcotráfico

El “Chino” condenado a 30 años por narcotráfico

Pascual Cordero deberá cumplir la sentencia de 30 años en la cárcel de Najayo.

Historial. Sentencia en el DN tiene lugar tres años después de ser condenado en LA

Pascual Cordero Martínez, alias el Chino, fue condenado ayer por un tribunal de la capital a 30 años de prisión por los cargos de patrocinio del narcotráfico internacional, lavado de activos y asociación de malhechores.


Las juezas Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a unanimidad acogieron la acusación de la Fiscalía y dispusieron la pena privativa de libertad, que el procesado deberá cumplir en la cárcel de Najayo, además de una multa de 200 salarios mínimos y el decomiso de bienes obtenidos de forma ilícita.


El órgano judicial también incorporó al juicio una sentencia dictada por un tribunal de La Altagracia que había encontrado culpable a Martínez por cargos relacionados al narcotráfico, lo que, a juicio de los fiscales, demuestra su reincidencia.


El abogado de Cordero, Virgilio de León, adelantó que apelará el veredicto bajo el alegato de que el tipo penal por el que su cliente es acusado no conlleva una pena de 30 años de reclusión.
La lectura íntegra de la sentencia condenatoria fue fijada para el próximo 13 de diciembre, fecha a partir de la cual las partes podrán recurrir el fallo.


El pliego acusatorio
La acusación indica que Cordero se relacionaba directamente con coimputados para que estos, vinculados en empresas de fachada, le sirvieran para adquirir bienes y servicios, en muchos casos con identidades falsas.


Según el Ministerio Público, este entramado permitió al imputado agenciar y transferir productos financieros y colocar la titularidad a favor de uno u otro de sus colaboradores. Sin embargo, el uso, disfrute y disposición del bien, y su administración en la mayoría de los casos, se enlazaban con otros miembros de la red, lo que evidenciaba estrategias para impedir que las autoridades determinaran el origen de los fondos y el verdadero propietario.

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