Los contratistas gubernamentales dominicanos se comportan como un clúster homogéneo, vale decir, un conjunto de computadoras comunes que, operadas simultáneamente, funcionan cual súper-computadora.

Para que un clúster sea eficiente, no basta solo con conectar entre sí los ordenadores, sino que es necesario proveer un sistema de manejo que se encargue de interactuar entre el usuario y los procesos para optimizar el funcionamiento. En este caso, ese sistema operativo es el Poder Ejecutivo.

El clúster dominicano de la construcción se estructura, además, como un ejército disciplinado donde hay jerarquías establecidas y respetadas. El origen de esta congregación tuvo lugar en los gobiernos de Joaquín Balaguer, cuando la corrupción y la impunidad se erigieron como norma de gobierno. Ese grupo ha sido el más resiliente a los cambios de administración gubernamental. Allí se dan cita los contratistas que predominaron en cada una de las administraciones de diferentes partidos que hemos tenido en medio siglo. Sólo hay que revisar las páginas sociales para descubrir cómo anidan juntos esos especímenes. Básicamente, practican y predican la religión del “grado a grado” institucionalizada por Balaguer y perfeccionada por Leonel Fernández, quien la internacionalizó.

Ese clúster de contratistas tiene elementos radicales en su filosofía. El primero y más importante es que las obras deben ser iniciadas, no importa cómo. Son capaces de empezar a movilizarse sin firmar contrato, sin pago avanzado, sin planos detallados o sin fianza para vicios ocultos. El asunto está en aparentar acción, ya sea movilizando tierra o clavando estacas. Eso sí, por sobre todas las cosas, pagando por adelantado la comisión correspondiente al padrino de turno.

Otro elemento inamovible de la filosofía clusteriana es que, luego de iniciada la obra, hay que terminarla, sea como sea. Para esto ponen en marcha rápida a sus asalariados en los medios de comunicación a divulgar, disimuladamente, el criterio de que la economía nacional resultaría perjudicada si cualquiera de sus mamotretos es paralizado. No en balde algunos miembros de ese clan han hecho enormes inversiones para convertirse en propietarios de medios en la prensa, la radio y la televisión.

Conocidos estos conceptos sobre el clúster de la construcción podríamos llegar a entender por qué se inventan “razones” para tanta sinrazón. ¿Por qué las actuales autoridades aceptan sin sonrojo que el puente Los Pilones haya colapsado tres veces en los cinco años más recientes? ¿No puede el Ministro de Obras Públicas reclamar a los contratistas responsables que asuman responsabilidades y cumplan con las sanciones legales que, se supone, deben haber sido establecidas en los contratos?

Tienen sabor a cinismo las declaraciones de este funcionario cuando dijo “que pidieron ayuda a los contratistas que usualmente trabajan con el gobierno y les dijeron que era tiempo de que hicieran algo por el país”. ¿Por qué no exigió ahora el cumplimiento del contrato firmado con esas empresas en los que la ley exige incluir fianzas que cubren los daños provocados por construcciones deficientes? ¿O no es responsable ya el contratista que reconstruyó el puente Los Pilones apenas once meses atrás? ¿Quién es ese empresario? ¿A qué funcionarios gubernamentales está vinculado? ¿Quién hace posible que la impunidad prevalezca?

Según el Ministro, los trabajos “gratuitos” hechos por los contratistas con motivo de la tormenta Isaac ascendieron a un monto estimado entre 400 y 500 millones de pesos, vale decir de 10 a 12.5 millones de dólares. ¿Nadie se sorprendió ante el alegado desprendimiento de esos empresarios? Esa explicación del funcionario se torna increíble porque vivimos bajo un capitalismo en el que, gracias a la falta de institucionalidad, no predomina la competencia, sino el soborno, la corrupción y la impunidad. ¿Cómo creer que esos empresarios se hayan desprendido de tan enorme suma sin recibir algo a cambio? ¿Y qué de los contratos firmados por el INDRHI en la etapa de transición presidencial con un convicto del fraudulento Plan RENOVE? ¿Serán continuadas esas obras irregularmente contratadas?

Pregunto: si no aplicara sanciones ante violaciones evidentes y comprobables, ¿podría la negligencia del Ministro considerarse ante un tribunal de justicia como prueba circunstancial de complicidad? Habría que preguntarles a los actuales cabecillas del clúster de la construcción en República Dominicana por qué tanta hediondez en el ambiente.