El colmo de lo absurdo

La intolerancia ante la opinión ajena está cobrando en este país ribetes absurdos. La libertad de disentir consagrada en nuestras leyes ahora es perseguida por quienes pretenden atribuirle a ese derecho el carácter de traición a la patria y cosas parecidas.

Presentar ante la Fiscalía del Distrito Nacional una denuncia tildando a los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora y al grupo cívico Participación Ciudadana de incitar al desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la nacionalidad dominicana, es un ejercicio absurdo y que denota una intolerancia terrible hacia el derecho de disentimiento. Hay en esto una vocación inocultable hacia la temible censura.

Este tipo de acción procura sembrar entre los periodistas el temor a expresar libremente su desacuerdo con determinados actos, oficiales o no. Es una forma de emplear el derecho a la denuncia con un fin que desdice del derecho mismo. Quienes han radicado esta denuncia ante el Ministerio Público no se han cuidado de tener similitud con quienes, valiéndose de panfletos, han tildado de traidores a Huchi y Juan Bolívar.

La diferencia de medios no diferencia los fines. A nadie en sano juicio le cabe la idea de que disentir es un acto de traición que merezca castigo legal. Nuestro sistema judicial tiene en este acto una excelente oportunidad para demostrar, mediante el rechazo de tal instancia, la firmeza de nuestro régimen de libertades.

EL INDOMABLE ROBO ENERGÉTICO

Hemos salido airosos de una licitación internacional -ganada por la gigante brasileña Odebrecht- que dotará al país de 600 megavatios de plantas a carbón. Es un éxito, ampliamente apoyado, en el esfuerzo por modificar el patrón energético y abaratar el precio de la energía. En su momento, estas plantas harán reducir la compra de electricidad cara a generadores privados y, por añadidura, el cuantioso subsidio que otorga el Estado para mantener baja la tarifa. Por ese lado andamos viento en popa.

Pero el esquema de cobro no cambia. Las distribuidoras no cesan de registrar pérdidas. Los usuarios, sobre todo muchos de alto consumo, se las arreglan para no pagar la electricidad y ya ni siquiera se oye hablar de una procuraduría adjunta que se encargaba de perseguir judicialmente el fraude eléctrico. Todo parece indicar que es más fácil modificar el patrón de generación que mejorar la capacidad de cobro. ¿O no?