MARTHA PÉREZ
El Estado, por definición, es el cuerpo político integrado por el conjunto de personas que habitan en un territorio determinado y obedecen a una autoridad común. Esta definición presupone tres elementos básicos del Estado, a saber, el pueblo, el territorio y el poder. Sabemos que el pueblo es la totalidad de los habitantes; el territorio, el ámbito espacial o porción geográfica que ocupan los habitantes, y el poder, la autoridad encargada de lograr los fines comunes.

Estos factores, que la mayoría los conoce y  muchas veces –convenientemente– algunos no los relacionan, son esenciales al momento de diseñar e implementar las políticas para el bienestar común, y necesariamente deben considerarse inherentes a la ciencia política, la sociología y el derecho político, lo que le asigna cierto carácter de complejidad al manejo del concepto Estado y a la conducción del Estado mismo. Por eso muchos gobiernos y/o gobernantes, que no llegan a comprender esa complejidad, fracasan en sus proyectos de nación; y no faltan  quienes, luego de haber fracasado, abracen la pretención de hacer fracasar a otros por los medios que sea necesario.

Es de ahí, cuando se comienza a ponerle color, nombres o apellidos políticos y/o económicos a las políticas de Estado, desviando el concepto de su propia naturaleza; entonces, las políticas de Estado las convierten, para el “vox populis”, en políticas de intereses grupales, particulares, individuales, en fín, de todo tipo menos del interés nacional; local, regional o continental. Esto sucede con meridiana frecuencia en la República Dominicana; y al asignarle color a las políticas de Estado, que muchas veces siquiera es el color que identifica el partido en el gobierno, asuntos muy relevantes que beneficiarían el interés nacional, caen en una categoría de minimización y de populachismo que le hace perder el sentido político, sociológico y de derecho que le corresponde. La nación ha vivido esta situación y la está viviendo de manera mas aguda desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió de nuevo el poder para conducir el Estado dominicano y comenzó el Presidente Leonel Fernández a implementar a través de las instituciones públicas, las políticas gubernamentales. Para muchos opositores de este gobierno, todas las políticas son moradas, leonelistas o reeleccionistas. Y desafortunadamente, la intensidad de tal “denominación” es mas notoria en este momento de la antesala de las elecciones congresionales y municipales. Un gran error!, tal vez por desconocimiento del intelecto político de la figura presidencial que tenemos en este período todos los dominicanos. Y sobre todo, por desconocimiento –ex profeso– de la situación nacional que amerita la atención pública y privada para encausarla por el camino hacia  un futuro seguro.

A las políticas para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre éstas, la reforma fiscal, que son herencia del pasado gobierno del PRD, ahora se les atribuye la paternidad peledeísta, para confundir a la población sobre los efectos sociales de muchas de las medidas a adoptar. El fin, mayormente, es electorero, procurando mantener la mayoría aritmética en el congreso y los gobiernos municipales. ¿Qué costaría a los progenitores de ese acuerdo justificarlo y defenderlo en el marco del interés nacional, que se supone es su fundamentación? Pero el apoyo a una u otra política de Estado también depende de la coyuntura; en determinado momento digo que NO y en otro momento digo que SI. Todo depende del beneficio político o económico. Y de esta forma, un sí a veces es más dañino que un no.

Es por eso que se está tratando de tergiversar las negociaciones, antes, durante y después del acuerdo de Petrocaribe, una importante iniciativa del gobierno venezolano; es por eso que no existe una comprensión política de la variación (incremento o descenso) de los precios de los combustibles que la situación mundial del petróleo obliga a aplicar por semana. Es por eso que el proyecto de reforma fiscal, más que aportes para su revisión, adecuamiento y buena implementación, ha recibido incandescentes opiniones, algunas de las cuales llegan a convertirse en mal intencionadas por la forma en que son emitidas.

Es por eso que, entre otras actitudes, se niega la comprensión sincera de las medidas para el ahorro de energía eléctrica y de combustibles, recientemente anunciadas por el Ejecutivo de la nación. Ciertamente, todo lo nuevo necesita conocimiento, aceptación en la practica para ser asumido de manera consciente y defenderlo; pero no menos cierto es, que la situación que venimos viviendo todos los dominicanos como consecuencia de la crisis energética de los últimos años; las consecuencias de la crisis petrolera a nivel mundial; requiere del concurso de todos los ciudadanos que habitamos el territorio dominicano  y estamos bajo la conducción de una autoridad común, que en este caso, representa el doctor Leonel Fernández, quien ha demostrado que quiere gobernar para todos los dominicanos.

Ninguna medida aplicada en el tiempo por nuestros gobernantes  debe ser vista con el color del partido en el poder ni sectorizadas en el poder  económico. Las medidas decididas por el gobierno central, y los Proyectos de Leyes que debe sancionar el Congreso Nacional no deben tener colores partidarios ni apellidos. Ni moradas, blancas o coloradas; ni el color del arcoiris de las fuerzas aliadas al PLD que contribuyeron al triunfo electoral. Esas medidas solo tienen el color de la bandera y el escudo dominicanos, porque obedecen a políticas de Estado. Somos el Estado dominicano. El acuerdo regional Petrocaribe y las últimas medidas han sido decididas con el fín común de revertir la difícil situación energética y de combustibles en la República Dominicana, para el bienestar de todos sus habitantes. Mirándolo de esta forma, y poniendo un poco del sentido común y del sentimiento nacionalista que tanto exhibimos, las cosas marcharían mejor en base a las políticas de Estado, si comenzamos a verlas  sólo con el color de nuestros escudo y bandera.