Cuando escuchamos hablar de combate a la delincuencia, en el imaginario de la población dominicana, la primera idea que se proyecta es la de un joven pobre, mal vestido, con carencia educativa, residente en un barrio marginado y que por su naturaleza puede ser muy violento.

Esta descripción puede tener elementos que estén vinculados a la realidad, ahora bien, para poder explicar esta situación es preciso hacer una incursión etimológica en el concepto delincuencia, el cual indica que: son todas aquellas personas que violan la ley o viven al margen de ella.

Al analizar este concepto, podemos inferir que la delincuencia no es solo la que cometen los jóvenes de comunidades pobres del país, sino que la misma tiene una dimensión mucho más amplia, en la que pueden encajar personas de otros estratos sociales.

Es por tanto que, para comprender el fenómeno de la inseguridad ciudadana, es necesario profundizar en las causas que la originan, siendo estas esencialmente estructurales, que se expresan a través de la destrucción de los principios éticos, la eliminación de la identidad social (vivir en comunidad), idealización del individualismo y la construcción de paradigmas afianzados en personalidades sin escrúpulos, amantes de la acumulación sin apego a lo humano.

Para entender la dimensión de estas causas que originan esta abismal desigualdad social, basta con revisar los informes de Oxfam de este año, a través de la aplicación “Calculadora de la Desigualdad”, donde indican que en República Dominicana hay 265 multimillonarios (con riqueza de más de 30 billones) cuya fortuna representa 12.9 veces la inversión del Estado en educación, o 17.4 veces la inversión del Gobierno en salud y equivale al 49% del Producto Interno Bruto del país.

Esta realidad es la que permite precisar que entre más violentas y criminales son las razones que generan la exclusión social, más recurrentes serán los procesos delictivos en una sociedad. Entendiéndose que estos procesos delictivos están fundamentados en la política del laissez faire, laissez passer, que es donde se fortalece la práctica de acumulación de los grupos de poder.

Esta lógica de poder va generando una percepción en la población que le diseña en su imaginario un perfil del delincuente (joven y pobre), luego en la medida que la desigualdad social crece y que la ola de criminalidad alcanza los espacios exclusivos, se toca el botón de alerta, los medios colocan el tema en la agenda pública, se muestran imágenes alarmantes y con ello se legaliza la cacería de los hijos de la pobreza.

Esta acción de criminalización de la juventud pobre es la respuesta a problemas generados por la mala distribución de la riqueza, que no es más que la destrucción de los principios éticos de la sociedad, que se reflejan en un afán de acumulación sin pudor y sentido humano, contaminando todo el andamiaje democrático, desviando a los partidos políticos de sus orígenes ideológicos, contagiando hasta la fe, y  ni decir de los poderes del Estado, los cuales hace rato que dejaron de representar los derechos de las poblaciones más vulnerables.

Es preciso erradicar las ideas de criminalización de la juventud, segmento poblacional que ya carga con la violencia que genera la desigualdad social, esa que no les permite ni trabajar, ni estudiar, condición en la que se encuentran 3 de cada 5 jóvenes, cifra que se multiplica cuando hace referencia a las mujeres (Banco Mundial 2016).

Por eso no es casualidad que el 41 por ciento de las dominicanas menores de 18 años de edad se encuentren bajo unión marital, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A estas cifras debemos sumarles que el 25% de las menores de edad han estado embarazadas (UNICEF 2015).

Es determinante repensar el camino que transita la sociedad dominicana, se hace necesario que se produzcan procesos de integración de esta juventud excluida, carente de derechos, que la misma pueda ser parte de la construcción de políticas públicas integrales, donde su participación no sea instrumentalizada, sino que sea un elemento activo y protagónico en la toma de decisiones.

La delincuencia sólo puede ser erradicada en la medida que las riquezas que producen los estados, sean invertidas para asegurar la calidad de vida de sus habitantes.