SAMUEL SANTANA
Es ya notable como la comunidad evangélica ha decidido acudir a los medios de comunicación y a las instancias de derecho para reclamar la anulación del Concordato de la Iglesia Católica concertado con el Estado dominicano.

La Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE), el Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, la Coordinadora Nacional de Iglesias Evangélicas y confraternidades de pastores en diversas partes del país han estado protagonizando este reclamo.

En sus afirmaciones han indicado públicamente que este reclamo no constituye una guerra contra los hermanos católicos sino una igualdad de tratamiento departe de un Estado que está llamado a ministrar los bienes públicos y a tomar decisiones sin discriminación alguna contra algún grupo, organización o ciudadano cualquiera.

La realidad innegable es que ese Concordato, firmado entre El Vaticano y el Estado dominicano en 1954 durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961), garantiza muchos beneficios y recursos para la Iglesia Católica aparte de reconocerla como la religión oficial de la nación.

Entre los privilegios contemplados en este acuerdo figura que ningún obispo y sacerdote puede ser detenido ni interrogado por juez ni ninguna autoridad judicial.

Ellos cuentan, además, con la prerrogativa de dirigir hospitales, crear escuelas, universidades y emitir certificados con toda la fuerza legal de la ley.

El origen del Concordato todo el mundo sabe cual fue.

Trujillo accedió complacientemente a la implementación de este instrumento con la única idea bien maniobrada de afianzar su tiranía.

Desde entonces, al clero se le atribuye haber ayudado a la tiranía a cambio de favores.

El artículo 27 de este Concordato establece que se puede modificar amigablemente por iniciativa de una de las partes, pero hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a plantear tal cosa. Los partidos políticos y sus dirigentes se han hecho de la vista gorda, razón conocida.

El Departamento de Estado de Estados Unidos es quien mejor describe la realidad de lo que se vive en República Dominicana en materia de religión.

Reconoce que en el país hay libertad de cultos, pero se trata de una libertad que se practica desventajas.

No existe una religión de estado. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, que suscribió un concordato con el Gobierno en el año 1954, goza de privilegios especiales que no se les conceden a las demás religiones, dice.

Sostiene que dichos privilegios incluyen el uso de los fondos públicos para sufragar algunos gastos de la iglesia, tales como la rehabilitación de facilidades de la iglesia, y una exoneración total de los aranceles aduanales en la importación de bienes al país.

Se exige que los grupos religiosos se inscriban en el Gobierno para que puedan operar de manera legal. Y para importar bienes, los grupos religiosos no católicos tienen que solicitar la exoneración de los aranceles al Poder Ejecutivo. A veces el proceso para solicitar y obtener la concesión de una exención fiscal puede ser largo.

El caso de los matrimonios es otro de los grandes problemas que plantea esta gran diferencia. Los evangélicos han tratado de que los pastores cuenten con esa facultad, pero esa es una prerrogativa que se les concede solo a los sacerdotes. La iniciativa actual en ese sentido ha sido bloqueada en el Congreso Nacional.

Otro detalle que da el informe americano es que aunque en sentido general el Gobierno no interfiere en la práctica de la religión, se exhorta fuertemente la asistencia a la Misa Católica para los miembros de la Policía Nacional aunque se les permite practicar sus propias creencias.

Reseña el hecho de que el Cardenal Católico de la República Dominicana es capellán del Ejército de las Fuerzas Armadas y la Policía, con rango de Mayor Genera, mientras no existen capellanes que representen ningún otro grupo religioso.

En la cadena de las discriminaciones está la inoperancia de la ley que fue aprobada en julio del 2000 para que la Biblia sea leída en las escuelas públicas.

Definitivamente, si de justicia se trata, la misma Iglesia Católica debería ser la primera en querer que se anule este acuerdo.