El Consejo Nacional para la Empresa Privada (CONEP) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitaron ayer su participación permanente en el debate para la revisión de las leyes Electoral y de Partidos Políticos.

El presidente del Consejo Económico y Social, monseñor Agripino Núñez Collado, informó que en la reunión del próximo martes decidirán la petición de esas organizaciones y sus propuestas de que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas, y de las altas cortes no tengan militancia política en los últimos 5 años.

Núñez Collado dijo que el martes acordarán si el perfil de las personas que van a ser escogidas para integrar la JCE, el TSE y las altas cortes se considera un punto aparte o se discute como parte de la reforma a la Ley Electoral.

Agrupados en la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, el CONEP, la Asociación de Empresas de Industriales de Herrera y la Provincia de Santo Domingo, Finjus y el Centro Juan XXIII, entregaron ayer una propuesta a la Comisión Interpatidaria apoderada de la revisión y elaboración del anteproyecto de modificación de Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, en la que demandaron que el perfil de los ciudadanos a seleccionar para la JCE, las altas cortes y la Cámara de Cuentas sea de independencia, sin militancia política ni vinculación activa en órganos de dirección nacional, regional o local de partidos.

Proponen una metodología elaborada por el órgano constitucional, que establezca las competencias, actitudes y requisitos profesionales de los candidatos a estas posiciones.

Solicitan tres puntos. Además de reclamar la no afiliación política de los nuevos funcionarios escogidos, los otros puntos que plantean los empresarios y la sociedad civil en la Iniciativa por la Democracia, dados a conocer en la reunión de la Comisión por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, son para que la reforma a la Ley Electoral fortalezca las facultades de la JCE, para la regulación de las campañas electorales, reduciendo el tiempo; transparentar las donaciones privadas a los candidatos a cargos electivos y partidos políticos, garantizar la equidad de acceso a los medios de comunicación, la publicidad, y elevar la transparencia de los partidos en los gastos, incluyendo señalar un régimen de consecuencias por violación a la ley.

De la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, exigen que garantice la democracia interna, el sistema de primarias transparentes, modifique la distribución de los fondos públicos entregados a los partidos y garantice la equidad de género, la rendición de cuentas y el régimen temporal para las alianzas electorales.

El documento entregado a los partidos políticos fue firmado de consenso por el vicepresidente ejecutivo del CONEP, Rafael Paz; el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Castaños Guzmán; el presidente de los industriales de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, y el presidente del Centro Juan XXIII, Enrique Noboa.