El reciente posicionamiento del CONEP sobre las relaciones dominico-haitianas ha recibido una extensa cobertura periodística, como corresponde a una institución de ese relieve.

El comunicado del CONEP tiene muchos méritos al andar sobre este tema –un verdadero campo minado ideológico- con elegancia y sin apasionamientos, llamando a un debate nacional sin exclusiones y sopesando diferentes opiniones. Coincido en muchos sentidos con lo que afirma y propone la cúpula empresarial, pero disiento en otros.

Por ejemplo, coincido totalmente en la necesidad de regularizar la inmigración y que para hacerlo hay que sentar en la mesa a los dos gobiernos, y en lo que a RD concierne, definir claramente cuántos inmigrantes haitianos son necesarios y establecer una política migratoria de la que hoy se carece. Y no menos importante, coincido en la necesidad de definir los status de los inmigrantes de acuerdo con normas claras y fijas, y eliminar esa vulnerabilidad que se desprende de la indocumentación generalizada.

Regularizar la inmigración no significa otorgar la ciudadanía dominicana al probablemente cerca de un millón de haitianos que viven en esta parte de la isla. No todos esos inmigrantes pueden optar por la ciudadanía dominicana, ni siquiera la mayoría de ellos, pero sí una parte de ellos. Y por ello disiento del CONEP en su posición ambigua acerca del otorgamiento de la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en suelo nacional.

Mi razonamiento no es nuevo y es simple. La Constitución dominicana, es decir, la Ley de Leyes, contempla hasta el momento el Ius Solis, es decir el derecho a adquirir la ciudadanía nacional por nacimiento en el territorio. Las leyes han establecido excepciones. Entre estas excepciones figura estar en tránsito en el país, lo que los reglamentos vigentes hasta el 2004-2005 definen como una estancia menor de diez días, lapso acorde con las prácticas internacionales. Por tanto todos los hijos de inmigrantes haitianos que hayan nacido en el país tienen derecho a la nacionalidad, al menos hasta el 2005 cuando la SCJ hizo su dictamen acerca del carácter de viajeros en tránsito para todos los extranjeros que residían en el país sin estatus legal definido, aun cuando lo hayan hecho por dos décadas.

Es un dictamen discutible técnicamente –probablemente por su contaminación ideológica- pero lo que si es inaceptable es la pretensión de hacerlo retroactivo en perjuicio de los afectados. En última instancia, llamo la atención de los lectores que si bien la ilegalidad no produce derecho, no es menos cierto que la ilegalidad no se hereda. Para algo hubo una revolución francesa en el siglo XVIII de la que se nutrieron los liberales dominicanos que a lo largo del siglo XIX fundaron la República.

Por consiguiente, los niños de padres haitianos nacidos en República Dominicana antes del 2004-2005 y que no estén contemplados en las excepciones legales vigentes previamente, tienen derecho a la nacionalidad dominicana.

Otra cuestión es el sentido práctico de las cosas. Tenemos decenas de miles, probablemente centenares de miles de haitianos que han vivido por lustros en este país o simplemente han nacido aquí. Aquí tienen su mundo, pues de Haití solo retienen recuerdos o referencias. Son dominico-haitianos, como hay dominico-chinos, dominico-cubanos, etc. Y toda esta mezcla enriquece. Es irracional aplicarles un criterio inmovilista y discriminatorio que los mantiene en un limbo jurídico por toda la vida. Y es irracional también abogar por este criterio que afecta las bases de una buena gobernabilidad.

Lo progresista, lo patriótico, lo modernizante, o como se quiera, es insertar integralmente a estas personas, comenzando por el estatus jurídico y continuando con programas de inclusión sobre bases multiculturales. Existen interesantes experiencias al respecto en países europeos, Canadá y Estados Unidos, de los que se han beneficiado, con toda justicia, cientos de miles de dominicanos. Los mismos dominicanos que cambiaron el nombre de un trozo de la tradicional calle Saint Nicholas y la bautizaron como Juan Pablo Duarte, sin que por ello la sociedad americana, o Nueva York, o el alto Manhattan perdieran un ápice de sus identidades, sino al contrario, enriqueciéndolas.

Es un tema muy complicado, lo reconozco, pero que lo será aún más en el futuro si no buscamos soluciones ahora.